En la presentación del informe Año Político 2020-2021 participó la presidenta de Fusades, Claudia Umaña, así como Ingrid de Escobar, de la Fundación Hanns Seidel, el académico Manuel Alcántara, y el director de DEP de Fusades, Luis Mario Rodríguez.

Política

Fusades: Presidente cierra periodo con "afrenta directa" a división de poderes Mandatario salvadoreño consumó su proyecto de concentración absoluta del poder iniciado el 9 de febrero, dice Fusades.

Yolanda Magaña

lunes 31, mayo 2021 • 6:20 pm

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El segundo año de gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, cierra con una afrenta directa en contra del principio de división de poderes, concluye el Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), en su informe "El Salvador. Año político 2020-2021".

Fusades sostiene en el estudio Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) destituyó "inconstitucionalmente" a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, eligió a sus sustitutos ilegalmente y "presionaron a varios de los depuestos a presentar su renuncia".

Así, concluye que el mandatario "consuma su proyecto de concentración absoluta del poder político que inició el 9 de febrero de 2020, con la toma militar de la Asamblea Legislativa".

Según Fusades, los abusos ocurridos durante la cuarentena obligatoria por la pandemia solo fue "otra etapa más antes de coronar el quiebre democrático del 1 de mayo de 2021".

Ello, sostiene, confirma el "absoluto desprecio por el sistema democrático y un punto de 'no retorno' hacia un régimen en el que ya no existirán controles ni límites nacionales a las actuaciones del Ejecutivo".

 


"Impuestos"

Para Fusades, los funcionarios que ostentan los cargos de magistrados de la Sala de lo Constitucional y fiscal general, son impuestos. Señala que la legítima Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la elección y el presidente legislativo, Ernesto Castro, "ignoró ese mandato judicial y procedió a la juramentación".

El informe indica que al magistrado Óscar López Jerez, nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia el 1 de mayo, "se le imputan presuntos vínculos con el exfiscal general, Luis Martínez, quien guarda prisión por diferentes delitos de corrupción".

Agrega que Luis Javier Suárez Magaña, nombrado magistrado, fue nombrado comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en un proceso cuestionado.

También señala vínculo formal de otros magistrados nombrados con Casa Presidencial: Héctor Nahum García fue abogado del director policial Mauricio Arriaza Chicas y José Ángel Pérez Chacón fue asesor jurídico de Presidencia hasta el 1 de mayo.

Si quisiéramos identificar un fracaso, tiene que ver con el deterioro de la institucionalidad democrática y el acompañamiento, luego en cada uno de los apartados vamos a identificar logros. El poder local que va a tener el presidente a través de Nuevas Ideas, puede, si se utiliza de manera correcta, ser un logro importante. En salud, señalamos la evolución positiva en cuanto a la vacunación y combate a la pandemia. Luis Mario Rodríguez, director de estudios políticos de Fusades.

El DEP cita que los motivos por los que la Asamblea Legislativa separó de sus cargos a magistrados no están regulados en la Constitución ni en la ley y que el argumento de Nuevas Ideas "es inexistente" porque la ley secundaria "no ha desarrollado las situaciones específicas" para destituir a magistrados.

Así, en el documento Fusades señala que "una vez consumado el golpe a los miembros de la Sala de lo  Constitucional", Nuevas Ideas solicitó la remoción del fiscal general.

Fusades sostiene que tanto el fiscal nombrado, Rodolfo Delgado, como "los magistrados impuestos por Nuevas Ideas y los partidos aliados realizaron una serie de actos encaminados a 'legitimar' su nombramiento": celebraron una sesión de corte plena de carácter extraordinario junto al resto de miembros de la Corte, pronunciaron una resolución de seguimiento sobre voto en el exterior.

En el informe, Fusades señala que existe acoso contra la sociedad civil organizada, asedio a la libertad de prensa, debilitamiento del combate a la corrupción, así como menciona que hubo otros síntomas antidemocráticos previos al 1 de mayo.

También, observó que el clima de inversión se vio "enrarecido" por los eventos del 1 de mayo y reconoce que, en términos de salud, se presenta un alto ritmo de vacunación en El Salvador. En su relación con el sector privado, plantea una continua tensión.

Héctor Nahum García, quien fue abogado del director policial y José Ángel Pérez Chacón, quien fue asesor jurídico de Presidencia hasta el 1 de mayo, junto al presidente legislativo, Ernesto Castro.