Según Fusades, la efectividad del trabajo del TEG se ha visto afectada por la falta de independencia. / DEM

Política

Fusades: Las reformas no abordan la independencia de los magistrados del TEG

Gerson Chávez

viernes 29, diciembre 2017 • 12:02 am

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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) considera que el proyecto de reforma a la Ley de Ética Gubernamental no resuelve el principal vacío  de ley, garantizar la independencia partidaria de los magistrados del Tribunal de Etica Gubernamental.

El borrador de ley propone reformar el artículo 11 de la normativa vigente  para que los magistrados sigan en el cargo, si al final del periodo de funciones no ha sido elegido el sustituto y así no afectar el trabajo institucional; sin embargo, no aborda modificación en el mecanismo de elección.

“Ha salido a discusión unas reformas a la Ley de Ética Gubernamental. Al verla nos parece que no está tocando el tema principal que es el de la independencia del Tribunal de Ética Gubernamental”, expresó el director de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro.

Consideró que en la falta de independencia partidaria de los magistrados “ha radicado el problema de la efectividad del Tribunal de Ética Gubernamental”. Recomendó que en este anteproyecto se “revise el mecanismo de elección y se cree un perfil que deben reunir y garantizar la independencia de los magistrados de los partidos”.

 

Analizarán propuesta

El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda, respondió a los cuestionamientos de Fusades y manifestó que “analizarán” la propuesta de “poner ciertos requisitos para nombrar a los magistrados”.

El pleno del Tribunal de Ética Gubernamental está conformado por cinco magistrados propietarios e igual número de suplentes.

Los integrantes provienen de distintos sectores como: la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Ministerio Público (Fiscalía,  Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República).