Política

Funde-TI y AC piden “Misión internacional contra impunidad y corrupción” independiente

Yolanda Magaña

martes 14, mayo 2019 • 12:07 pm

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La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) capítulo El Salvador de Transparencia Internacional (TI) y la Acción Ciudadana (AC) llegaron a la conclusión de que sí se requiere en El Salvador una asistencia internacional para investigar la impunidad y la corrupción en el país, y expusieron hoy un conjunto de principios para crear una Misión Internacional de Combate a la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (MICIC).

Sugieren que la misión trabaje conjuntamente con la Fiscalía, Corte de Cuentas, Sección de Probidad y el resto de instituciones contraloras, pero que también pueda establecer la figura de querellante en las investigaciones. Proponen un plazo de cinco años renovables.

“No es lo mismo la pequeña corrupción, la corrupción de menudeo con una corrupción que está enquistada”, dijo Claudia Ortiz, coordinadora de Ciudadanía y Desarrollo.

Ortiz mencionó que el mandato de la misión debe estar en línea con la Constitución de la República y tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Agregó que las leyes como el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Fiscalía General de la República y de la Ley de Extinción de Dominio deben tener una aplicación eficaz.


Según Ortiz, la misión internacional debe ser una instancia de cooperación técnica cuyo mandato sea investigar actos y redes de corrupción.

“Debe ayudar a las instituciones para prevenir la corrupción, para investigar actos de corrupción. Para que sea menos atractivo cometer actos de corrupción”, expresó.

Las organizaciones pidieron como uno de los principios rectores para guiar la investigación la total independencia del Gobierno, señalaron que este debe garantizar la autonomía de la misión y dejar auditarse.

También, recomendaron que los actos de la misión sean públicos y que exista participación ciudadana como un contrapeso.

Los miembros de las organizaciones señalaron que podría haber resistencia ante poderes fácticos, redes de corrupción, narcotráfico y empresa privada. Por ello piden que desde un inicio la viabilidad política de la misión sea garantizada, para evitar resistencia y ataques mediáticos o particulares.

Eduardo Escobar, de la AC, señaló que la misión debe identificar actividades que se puedan determinarse como actos de corrupción sistémicos, que se debe colaborar con el Estado en identificar estas redes de corrupción y que la misión debe recomendar al Estado medidas administrativas que prevengan la corrupción.

“Se vuelve necesaria la cooperación técnica para que las capacidades institucionales se fortalezcan”, dijo.

Las organizaciones ven algunas alertas en la lucha contra la corrupción. “Hay alertas, esperamos que esas alertas no se conviertan en retroceso, pensamos en que sí puede haber cierto relajamiento”, dijo Humberto Sáenz, mencionando la dinámica que se maneja en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. “Sí nos preocupa, tenemos que decirlo”, afirmó.

Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, dijo que preguntaba a los abogados si lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia de valorar los casos de Probidad tiene la posibilidad de comisión de delito, “porque no le corresponde valorar o exonerar casos de Probidad”.

Puso como ejemplo la resolución que favoreció al diputado Guillermo Gallegos.

La negociación de una misión internacional, explicaron, se realiza a través del Ejecutivo y el acuerdo debe pasar a la Asamblea Legislativa para que sea un decreto ratificado por el Estado de El Salvador.