Cada vez que un diputado (a) comete un delito común surgen las voces ciudadanas e institucionales pidiendo que se elimine el fuero constitucional que protege a los parlamentarios salvadoreños y a otros funcionarios. Es indignante como el fuero protege a (supuestos) delincuentes, lo cual va en contra de la misma Constitución que en su parte dogmática refiere que todos los salvadoreños somos iguales ante la ley.

Opinión

Fuera el fuero

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 8, septiembre 2020 • 12:00 am

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Cada vez que un diputado (a) comete un delito común surgen las voces ciudadanas e institucionales pidiendo que se elimine el fuero constitucional que protege a los parlamentarios salvadoreños y a otros funcionarios. Es indignante como el fuero protege a (supuestos) delincuentes, lo cual va en contra de la misma Constitución que en su parte dogmática refiere que todos los salvadoreños somos iguales ante la ley.

Ya en anteriores artículos he manifestado mi rechazo al fuero que protege las acciones delictivas de ciertos funcionarios. Muchos exministros, expresidentes, exdiputados y exfuncionarios que en su momento se refugiaron en su fuero para cometer o permitir atrocidades delictivas, han sido procesados bajo la legislación nacional. Pero, ¿Por qué esperar hasta que terminen su período o que cesen en sus cargos para procesarlos? A los delincuentes se les procesa de inmediato y cometer un delito es ser un delincuente.

La iglesia católica salvadoreña a través del jerarca monseñor José Luis Escobar Alas, se pronunció sobre el fuero y recogiendo el sentir de los salvadoreños comunes pidió eliminar el fuero para proteger a los funcionarios. Y es que el fuero debe ser estrictamente para protegerlos en cuanto a su actividad exclusivamente apegada al cargo o a la función que desarrollan. A un diputado no se le va a procesar por su accionar estricto como parlamentario (por las leyes que aprueba o por sus opiniones políticas en el marco legislativo), tampoco se va a juzgar a un ministro, a un presidente o a un funcionario de segundo grado por el ejercicio estricto de su función (las políticas de Estado o la ejecución de sus obligaciones constitucionales). Se le va a juzgar si en el marco de una política de estado se ejecuta o desarrolla con el cometimiento de ilícitos.

Recientemente el diputado titular Arturo Simeón Magaña Azmitia se vio involucrado en un accidente que dejó tres personas lesionadas, un fallecido, daños materiales, lo cual ocurrió mientras supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol. En un procedimiento rutinario aplicado a cualquier ciudadano, Magaña debió ser detenido porque huyó de la escena y acusado de lesiones culposas, homicidio culposo y conducción peligrosa. Sin embargo su fuero constitucional define otro proceso que conlleva a que sus mismos compañeros parlamentarios tengan en sus manos o en sus criterios políticos partidarios, la determinación para desaforarlo o protegerlo en el nombre del fuero.

Lo que hizo Magaña, independientemente de si conducía ebrio o sobrio, son delitos comunes y por lo tanto debió o debe responder por ellos. Es en los juzgados donde se debe probar su culpabilidad o inocencia y no en el seno de una Asambleas Legislativa, donde muchos otros también han cometido ilícitos. Provocar un accidente fatal no es una función de los diputados. Una función es crear leyes, aprobar decretos y legislar en general, incluso llegar a consensos políticos negociados con tinte partidario y hasta mantener controles que la ley permite sobre el accionar del Ejecutivo y de la sociedad en general. Si en el marco de sus funciones constitucionales un diputado se equivoca, pues de ninguna manera se le debe procesar judicialmente hablando y es en estos casos cuando el fuero debe aplicar. Nunca para impedir ser procesados por los delitos (algunos atroces) que cometen algunos.

Obviamente eliminar el fuero pasa por una reforma constitucional la cual es necesaria. No basta con que algunos diputados, del diente al labio, digan que están en contra del fuero. Debe cuanto antes ir a la práctica y eliminarlo de una vez por todas. Por ahora y al estar vigente, pues no debe haber ni siquiera discusión en el seno legislativo, desaforar a los diputados que cometen delitos comunes, debe ser de inmediato toda vez se tengan los indicios suficientes, sin importar el partido político al cual pertenece el involucrado. Desde luego hay que seguir el debido proceso y respetar los procedimientos, es decir permitir que funcionen las instituciones, en este caso la PNC, la Fiscalía y el Sistema Judicial.


Nadie debe estar sobre la ley. Un ministro, un funcionario de segundo grado o cualquier otro funcionario protegido por fuero, no tiene derecho a cometer delitos comunes. Nadie lo tiene. Es una vergüenza que algunos diputados siquiera discutan si le quitan o no el fuero a alguien que ha cometido un delito o que algunos funcionarios se amparen en su cargo. El fuero debe quedar fuera. La ley debe ser igual para todos, sin privilegios a delincuentes con cuello blanco o con influencias políticas.