La Fiscalía General de la República concluyó ayer sus alegatos finales en el juicio contra José Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y tres de sus parientes, con los que pidió al Tribunal Segundo de Sentencia que declare responsable civil y penalmente a los procesados por el delito de lavado de dinero y activos.

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Fiscalía reclama más de $175 millones en caso “Chepe Diablo” También remarcó los 15 años de prisión, la confiscación de todos sus bienes y la disolución de las sociedades papel y fachada.

Jaime López

martes 9, febrero 2021 • 3:45 am

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La Fiscalía General de la República concluyó ayer sus alegatos finales en el juicio contra José Adán Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y tres de sus parientes, con los que pidió al Tribunal Segundo de Sentencia que declare responsable civil y penalmente a los procesados por el delito de lavado de dinero y activos.

Una de las fiscales solicitó a los jueces que condenen civilmente a los imputados a pagar al estado salvadoreño $175,682,437.60 de ser hallados culpables del blanqueo de capital con la creación de 32 sociedades mediante inversiones, compra de vehículos, propiedades y todo movimiento bancario entre 2003 y 2017.

Asimismo, la fiscal pidió al tribunal que ordene la disolución de todas las sociedades de papel y fachada que estén en el Registro de Comercio, las cuales fueron creadas aparentemente solo para justificar los movimientos de dinero de El Salvador a Panamá.

“Se han solicitado penas en concreto, que sean declarados penal y civilmente a estas personas porque no solo depende del proceso penal sino que han utilizado sociedades, vehículos corporativos para mover dinero en todo el sistema financiero: para adquirir bienes, adquirir cuentas bancarias, adquisición de vehículos”, reiteró.

El delito que habrían cometido los cinco imputados en caso de las familias Salazar Umaña y Umaña Samayoa ha sido de lavado de dinero y activos continuado, “que es establecerle al juez que el mismo hecho, la misma conducta, la misma forma de proceder se realizó no solo una vez sino que empezó desde 2004 hasta 2017, según  concluyó la pericia financiera contable”, destacó la fiscal.


La pena máxima del delito de lavado de dinero continuado es de 1 a 15 años. “Como representación fiscal pedimos la pena máxima; 15 años para cada uno de los procesados porque hemos probado que actuaron como actores directos”.

De igual forma la Fiscalía pidió al tribunal que declare la confiscación de los bienes inmuebles y vehículos a nombre de las personas naturales y jurídicas dentro del proceso y que aún no están en proceso de extinción de dominio.

 

La defensa.

Finalizados los alegatos de Fiscalía, siguió la defensa en su mismo derecho y correspondió al abogado Gerardo Cisneros iniciar ese proceso con una serie de fundamentación legal contenida en los códigos, estudiosos del derecho y las disposiciones del Ministerio de Hacienda.

Cisneros al introducirse a lo esencial de su defensa afirmó que en la condición en que han sido procesados los cinco imputados, se podría alegar que Fiscalía no dejó que se agotara la vía administrativa o las gestiones del Ministerio de Hacienda para cobrar los impuestos de la renta o IVA aún no pagados.

Y para eso trajo a colación, la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal que en el caso de la empresa Intratex concluyó que debía el Ministerio de Hacienda resolver los errores de forma que involuntariamente habrían cometido los contadores para no consignar adecuadamente las cuentas.

Para este martes, siguen los abogados defensores con los alegatos finales con el fin de contrarrestar la acusación que Fiscalía ha hecho contra los cinco imputados.