Munguía Payés enfrenta dos procesos penales, por los dos tiene medidas alternas a la detención. El proceso de extinción de dominio es independiente a los penales y es en contra los bienes. / Archivo DEM.

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Fiscalía pide que bienes de Munguía Payés valorados en $4 millones pasen al Estado Fiscalía sostiene que esos bienes fueron adquiridos por ilicitos de lavado de dinero y actos de corrupción

Jaime López

viernes 11, junio 2021 • 10:46 am

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La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de confiscación de bienes del exministro de Defensa y Seguridad Pública, David Victoriano Munguía Payés valorados en $4,638, 000.

Esos bienes consisten en: dos vehículos, diez cuentas bancarias y siete inmuebles, ubicados en San Salvador y La Libertad.

La Fiscalía fundamentó su solicitud en que hay indicios que establecen que esos bienes fueron adquiridos mediante actividades ilícitas de lavado de dinero y activos, en su paso por el gobierno del FMLN, entre 2009 y 2019.

Se han identificado bienes inmuebles, productos financieros y vehículos. La actividad ilícita que se ha identificado es de lavado de dinero y activos y actos de corrupción". Fiscal del caso.

Este proceso inició en septiembre del año pasado con la imposición de medidas cautelares en bienes valorados en $1.4 millones pero en el proceso de investigación se han incrementado en su valor , "y ahora estamos dando inicio al proceso judicial o solicitud de extinción de dominio", explicó la fiscal.


Luego de la presentación, el juez analiza y estudia la solicitud y en cinco días hábiles notifica el resultado.

El juez podría admitir la solicitud o hacerle prevenciones o gestiones que la Fiscalía debe realizar para seguir el proceso.

También notifica a la parte afectada y programa la audiencia preparatoria.

La pretensión de la Fiscalía que los bienes del exministro Munguía Payés pasen a manos del Estado de El Salvador", aseveró la fiscal.

El exministro David Munguía Payés ha sido vinculado a la tregua entre pandillas y al caso Centrum, en la negociación de intercambio de armas obsoletas del Ministerio de la Defensa por más modernas de origen israelí, con el que habría perdido el Estado más de $2 millones.