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Fiscalía pide nueve años de prisión para exdirectores de Centros Penales El Ministerio Público sostuvo que de las tiendas institucionales salieron fondos para pagar sobresueldos, préstamos personales, gastos de inteligencia para lo cual estaba prohibido por ley.

Jaime López

martes 13, julio 2021 • 4:30 am

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La Fiscalía General de la República solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que imponga la pena máxima de nueve años de prisión para los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, luego de finalizar el juicio contra ellos por los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios, supuestamente cometidos por el mal manejo de fondos de las tiendas institucionales.

Ayer, la fiscalía y defensores ofrecieron sus alegatos finales en el juicio contra Rauda y Hernández. En el caso de la Fiscalía fundamentó sus conclusiones en las tres pericias financieras practicadas a las tiendas institucionales y las declaraciones de seis testigos.

Dos de los seis testigos eran los exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés y Benito Lara ambos ofrecieron sus declaraciones el viernes anterior.

Munguía Payés confesó que de las tiendas institucionales extraían entre $2,000 y $2,500 mensuales para cubrir gastos de inteligencia y confidenciales.

Por su parte, Benito Lara afirmó que a su llegada al Ministerio de Justicia, las tiendas institucionales estaban en números rojos en deudas con los proveedores.


El fiscal del caso manifestó que las pericias han establecido la existencia de documentos en las que se detalla que los exdirectores extrajeron $208,000 de las tiendas institucionales para fines ajenos a lo que la ley establece.

“Ellos (exministros) confirmaron la existencia de gastos fuera del marco legal que surgieron de fondos de tiendas institucionales”, afirmó el fiscal Omar Aguilar.

Para el Ministerio Público, las tiendas institucionales tenían un coordinador general que su función principal era administrar adecuadamente los ingresos de esos negocios, y aunque tenía la potestad de no permitir la injerencia de extraños, los directores de Centros Penales disponían de sus recursos en contravención al marco legal.

“Que se hayan utilizado fondos de las tiendas institucionales para reparar el techo del penal de Ciudad Barrios o el piso del penal de San Francisco Gotera y otras obras de infraestructura que se hizo con fondos de las tiendas institucionales para beneficio de la población penitenciaria, no es motivo de cuestionamiento.  Fiscalía cuestiona el hecho de que se haya manoseado al libre albedrío el dinero de las tiendas institucionales para otros fines”, aseveró el fiscal.

Las investigaciones detallaron que de las tiendas institucionales salieron recursos para pagar salarios, bonificaciones, sobresueldos, préstamos para el personal, servicios de inteligencia, compra de mueblería, con la autorización de los directores, cuestionó el fiscal.

Citó uno de los casos en que se compró un vehículo de agencia (nuevo) y a los días estaba en un taller, pero en los documentos los justificaban como pago por servicio de inteligencia.

 La defensa

Por su parte, el defensor de los exdirectores, Manuel Chacón, dijo que Fiscalía no logró establecerse los hechos que imputó a los exdirectores.

“No existe una víctima de administración fraudulenta; los fondos que se manejaron, se ha demostrado que existía una contabilidad, que todo estaba legalizado, que los peritos los encontraron y que los gastos de inteligencia que son cuestionados fueron contabilizados”, detalló el abogado.

A juicio de Chacón, Fiscalía está alegando que no se encontraron los soportes o las facturas que demuestra que se pagaron esos servicios, pero eso es imposible “porque es información que no se puede develar”.

El trabajo de inteligencia que se hizo se agregó en un álbum y que Fiscalía lo secuestró en la unidad de inteligencia de Centros Penales, “era una gran cantidad de cajas con información confidencial que pasó a manos de la Fiscalía y que no se  proporcionó a los peritos”.

En todo caso, los servicios de inteligencia no tenían por qué pagarse con recursos de las tiendas institucionales sino con el presupuesto que maneja el Ministerio de Justicia, respondió Fiscalía.

Para conocer el resultado del juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia ha convocado a fiscales y defensores el  viernes a las 2:00 de la tarde.