La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que desde 2018 hasta este 2020, tiene 123 investigaciones iniciadas por lavado de activos.

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Fiscalía investiga 123 casos de lavado de activos La UIF y la Unodc insisten en que el Estado salvadoreño se prepare para la evaluación de 2021, que determinará si el país combate el lavado de activos.

Gerson Chávez

miércoles 11, marzo 2020 • 12:00 am

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La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que desde 2018 hasta este 2020, tiene 123 investigaciones iniciadas por lavado de activos.

De esos 123 procesos investigativos, 63 corresponden a 2018; 47 a 2019 y 13 a este año. Además reportó que en esos tres años ha judicializado 48 casos y logrado 39 condenas.

El director de la UIF, Néstor Guzmán explicó que estos casos activos, los judicializados y  condenados son producto de la Ley contra el lavado de dinero y activos. Esa normativa data de noviembre de 1998.

Según el funcionario de la UIF, la nueva Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos potenciaría el trabajo para combatir este delito.

De hecho, el director de la UIF llegó ayer nuevamente a la Asamblea Legislativa para continuar, junto con los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, con el estudio del proyecto de ley para prevenir, controlar y sancionar este delito.

El director de la UIF recordó que El Salvador debe aprobar esta nueva ley antes de 2021, año en que el Estado salvadoreño será evaluado por el Grupo de Acción Financiera (Gafic), para determinar sus avances en el combate del lavado de activos.

El director de la UIF fue acompañado a la reunión de laComisión de Seguridad con la Jefa de la Oficina País de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de El Salvador (Unodc), Mónica Mendoza, quien ratificó el llamado para que el país esté listo para la evaluación de 2021.

¿Qué propone la ley?

El proyecto de ley para prevenir, combatir y sancionar el lavado fue presentado el año pasado por el fiscal general de la República, Raúl Melara.

El borrador plantea que los sujetos obligados deben informar “cualquier” transacción sospechosa que realice una persona.

La ley vigente solo establece que los sujetos obligados deben rendir un informe de las transaciones mayores de $10,000.