Durante el juicio, todos los imputados tenían medidas alternas a la detención. / Archivo DEM

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Fiscalía buscará revertir exoneración en caso Salazar-Umaña Para los fiscales del caso, ya la Cámara Primero de lo Penal decidió que no procedían los argumentos de “cosa juzgada y falta de acción”.

Redacción DEM

viernes 28, mayo 2021 • 5:45 am

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La Fiscalía General de la República anunció ayer que solicitará a la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, que impugne la resolución dictada el viernes 21 de mayo por la Cámara Segunda de lo Penal, donde ordena anular el proceso judicial por lavado de dinero y activo contra el empresario José Adán Salazar Umaña y el exalcalde Juan Umaña, y tres familiares más acusados de lavar $132 millones.

La Fiscalía sostiene que en “el derecho penal hay  interpretaciones diferentes, ya que la Cámara Primero de lo Penal se pronunció sobre las excepciones de cosa juzgada y falta de acción y declaró que no procedían”; en contraposición a la Cámara Segunda de lo Penal que resolvió lo contrario.

“Y cuando las partes técnicas no estamos de acuerdo con una resolución judicial, nos nace el derecho de los medios impugnativo”, aseveró la fiscal del caso.

En ese sentido, la Fiscalía sostiene que el caso que involucra a Salazar Umaña y Umaña Samayoa y sus grupos familiares no es “cosa juzgada” y por eso recurrirá a la Sala de lo Penal para impugnar la reciente decisión de la Cámara Segunda de lo Penal.

 

¿Qué decidió la Cámara Segunda?

Los magistrados argumentaron que la Fiscalía General de la República se equivocó al acusar a José Adán Salazar, conocido como “Chepe Diablo”, al exalcalde de Metapán, Juan Umaña y tres familiares más, por el delito de lavado de dinero por dos razones: el primero, porque es una “cosa juzgada” y la segunda, por falta de acción.


Ellos, y otros cuatro parientes que están ausentes en el proceso actual, en 2014 fueron sobreseídos definitivamente por el Juzgado Décimo de Instrucción por el delito de evasión fiscal luego de pagar los impuestos por ingresos obtenidos entre 2010 y 2011.

Para la Cámara, saldar esos impuestos al Ministerio de Hacienda significó “cosa juzgada”, lo que impedía que se entablara otra demanda por lavado de dinero y activo por los mismos hechos.

En cuanto a la “falta de acción”, el abogado defensor Gerardo Cisneros explicó que esta es una garantía legal de no procesar penalmente a ninguna persona mientras no se haya agotado la vía administrativa o la declaratoria de evasión de impuestos por parte de la Dirección General de Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda.

“A nadie puede empezar a juzgar por evasión de impuesto o lavado de dinero... si antes Haciendo no ha dicho que hay evasión”. Gerardo Cisneros, defensor

En esencia, la resolución de la Cámara Segunda de lo Penal dejó sin efecto la acusación fiscal no solo contra los que fueron enjuiciados en el Tribunal Segundo de Sentencia, sino contra los ausentes, al igual que ordenó levantar los embargos contra los bienes y cuentas bancarias  de los acusados, afirmó el abogado Gerardo Cisneros.

Sobre los periodos fiscales 2003-2009 y 2013 a 2017 por los cuales la Cámara Segunda de lo Penal no se pronunció y Fiscalía podría iniciar otro proceso contra los procesados, el abogado Cisneros sostiene que todavía se desconoce si hay impuestos por pagar en esos años, pero advierte de acuerdo con la resolución, que para iniciar un proceso penal que tenga como base o fondo la evasión de impuesto, debe haber primero un pronunciamiento a fondo de Hacienda.

“A nadie puede empezar a juzgar por evasión de impuesto o lavado de dinero por precedente de evasión de impuestos, sí antes Hacienda no ha dicho que hay evasión de impuestos, reafirmando lo que la Sala de lo Constitucional había dicho en varios procesos relacionados a los temas impositivos”, dijo Cisneros.

 

Tribunal

Ayer, también el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador notificó la anulación del juicio para José Adán Salazar Umaña, Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Noemy Salazar de Cruz, Romelia Guerra Argueta y Juan Umaña Samayoa, tras acatar la resolución de la Cámara Segunda de lo Penal.

En el escrito, el Tribunal afirmó que en los próximos días librará los oficios respectivo, para hacer del conocimiento a las diferentes instituciones que las anotaciones preventivas, movilizaciones de cuentas y decomisos sobre bienes de los sobreseídos quedan sin efecto.