La Fiscalía incauta documentación de unidades financiera y recursos humanos de la Asamblea Legislativa. Fotografía: FGR.

Política

Fiscalía allana Asamblea en busca de plazas fantasmas

Yolanda Magaña

martes 16, marzo 2021 • 1:43 pm

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La Fiscalía General de la República (FGR) realiza un allanamiento en las instalaciones del Órgano Legislativo, luego de que el presidente Nayib Bukele y sindicalistas de la Asamblea Legislativa denunciaran la existencia de 1,200 plazas fantasmas.

Con una orden de registro de 72 horas del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador y luego de diligencias documentales y testimoniales, la FGR allanó la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Administrativa Financiera.

La FGR busca plazas fantasmas en todas las áreas legislativas: personal que cobra pero no asiste a laborar. Para ello, incautó documentación y equipo informático.

Si se determina la existencia de plazas fantasmas, el fiscal aseguró que podrían haberse cometido los delitos de peculado y actos arbitrarios.

Tenemos diversidad de elementos probatorios que nos permiten solicitar al juez autorización para revisar ese registro. Estamos en la etapa inicial y vamos a recolectar toda la información que nos permita establecer si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están desempeñando su jornada laboral como la ley obliga. Fiscal Arriaza.

Los diputados Mario Tenorio y Guillermo Gallegos han dicho en diferentes momentos que todos los grupos parlamentarios tienen personal que "no marca" o que no llega a laborar.


El fiscal general de la República, Raúl Melara, anunció la noche de 15 de marzo que investiga las plazas fantasmas.

German Arriaza, director de la Unidad contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía General de la República, dirige el registro en el Órgano Legislativo. Fotografía: FGR.

La denuncia no es nueva. Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa, denunció la existencia de plazas fantasmas en mayo de 2018, detallando con estadísticas el personal que según sus consultas a Recursos Humanos no asistían a laborar al Órgano Legislativo.

Quijano reveló que las personas que tenían este tipo de plazas fueron destituidas en su gestión pero regresaron protegidos por algunos legisladores con una orden de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba reinstalarlos.

La Fiscalía no informó si el allanamiento realizado este 16 de marzo es el primero sobre la investigación de plazas fantasmas en la institución.

Esta vez, el presidente Bukele afirmó que el 50 % de las plazas de la Asamblea Legislativa son fantasmas, es decir, es personal que únicamente cobra un salario pero no trabaja.

La cifra fue tomada de la declaración del secretario del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral), Luis Ortega, quien también en 2018 había informado de la existencia de este tipo de plazas.

Un grupo de 40 fiscales llegó esta mañana a la Asamblea Legislativa. Buscan plazas fantasmas. Fotografía: FGR.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, le pidió al excandidato a diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y asesor de fracción, Rafael Lemus, rechazar una plaza institucional en el Órgano Legislativo.

El medio gubernamental Noticiero El Salvador, aseguró que "miembros de Arena y FMLN se suman a la lista de plazas fantasmas de los grupos parlamentarios dentro del Órgano Legislativo". En este mostraban el listado de asesores y mencionaban a Claudio de Rosa, Guillermo Wellman, Daniela Genovez y Cayetano Cruz. Estos nombres, según la noticia del medio estatal estaban en las "listas de empleados que según denuncias del sindicato legislativo no llegaban a trabajar y devengaban miles de dólares del Órgano Legislativo".

Esta noticia fue tuiteada por Bukele, quien también divulgó en Twitter el allanamiento que hace la Fiscalía en la Asamblea.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo que en la parte institucional todos siguen los procedimientos legales y el problema está en el control de los grupos parlamentarios. Opinó que, al momento de hacer las auditorías correspondientes, ellos tendrán que responder, no la parte institucional.