Política

Fiscal Melara: “La FGR no es un arma política, ni un instrumento de venganza”

Iván Barahona

martes 25, agosto 2020 • 2:54 pm

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El fiscal general Raúl Melara, ante “ataques” contra la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que la institución no es “un arma política” ni tampoco “un instrumento de venganza contra un adversario”.

Melara afirma que hay candidatos que están buscando enfrentar a la población para “sacar provecho electoral”, y que cada vez hay más voces que “buscan desacreditar” las acusaciones presentadas por la institución.

“Las investigaciones deben seguir su curso, las instituciones deben de funcionar, ¿o acaso solo funcionan cuando los resultados favorecen a un bando?”, expresó el fiscal en un video publicado por la cuenta oficial de la FGR.

Melara agregó que “cuando se toca a sus corruptos, atacan a la fiscalía”, y concluyó que “seguirá con su lucha contra la corrupción, caiga quien caiga”.

Ayer, el diputado de Arena, Ricardo Velásquez Parker, entregó un escrito dirigido a la junta directiva de la Asamblea Legislativa, con destino a la Comisión Política, para que esta evalúe la destitución del fiscal Raúl Melara.

Parker habría citado el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el cual indica, entre otras cosas, que el fiscal puede ser destituido por la Asamblea “Por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones”.

El sábado, Melara respondió al diputado Parker en su cuenta de Twitter, pidiéndole que “tenga valor y diga las cosas de frente, y agregó que continuará procesando a quien sea “aunque le cueste el cargo”.

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Por otra parte, recientemente dos casos presentados por la FGR ante los tribunales culminaron en libertad para los acusados. El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador ordenó que Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de la sociedad Intratex de El Salvador S.A. de C.V., continúe su proceso penal en libertad por supuesta evasión fiscal de $5,336,293.33.

Mientras que el expresidente de Arena, Gustavo López Davidson, señalado por peculado en calidad de cómplice necesario junto a dos exministros de la defensa, dos militares y el gerente de su empresa, quedó en libertad sin medidas junto con los demás acusados luego de que el juez Quinto de Paz de San Salvador resolviera que había lagunas probatorias.