La vista pública lleva más de un mes. / DEM

Nacionales

FGR pide pena máxima por cada delito en caso “Operación Jaque”

Juan Carlos Vásquez

miércoles 16, mayo 2018 • 12:02 am

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En la exposición de los alegatos finales de la vista pública contra 87 imputados detenidos en la “Operación Jaque”, las diversas unidades de la Fiscalía General de la República, han solicitado penas máximas por cada uno de los delitos acusados.

Por las organizaciones terroristas atribuidas a todos los acusados los fiscales han pedido que se les condene a 12 años de prisión; por feminicidio la pretensión del Ministerio Público es que se impongan 50 años.

Por el delito de homicidio se ha solicitado condena de 30 años por cada uno; en las investigaciones realizadas por la Fiscalía se logró determinar que los cabecillas de la Mara Salvatrucha en al menos 20 reuniones realizadas entre el 20 de noviembre del año 2015 y 26 de febrero de 2016, planificaron y ordenaron 182 homicidios.

Entre los hechos ordenados se mencionan a testigos criteriados, colaboradores de la misma pandilla, así como miembros de esa estructura que violaron las reglas impuestas, policías y militares.

Para probar cada homicidio en la vista pública se han presentado autopsias, testimonios de personas y declaración de testigos criteriados, quienes llegaron a contar la forma en la que se planificaron y ejecutaron los homicidios, exponiendo los motivos por los cuales se ordenó asesinar a las víctimas.

Pero la acusación en el delito de homicidio se fortalece con las escuchas telefónicas que hizo el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, en donde se deja constancia sobre la coordinación entre los ranfleros históricos presos en varios penales y los cabecillas en libertad; a los ejecutores de los crímenes se les giraron lineamientos para que no cometieran errores al momento de perpetrar los homicidios.

Con respecto al tráfico de armas el Ministerio Público ha pedido condena de 18 años; se ha determinado que la pandilla compró fusiles de diversos calibres a estructuras del crimen organizado de Honduras, Guatemala y México; varios cabecillas viajaron a estos países para pactar las compras con dinero obtenido de las extorsiones.