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Fespad: Resolución de la Sala Constitucional manda a Iglesia divulgar inventario de archivos de guerra Un amparo resuelto en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Iglesia Católica salvadoreña elaborar un registro de los archivos en su poder.

Alexander Pineda

martes 19, enero 2021 • 4:51 pm

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Tras la negativa del Arzobispado de San Salvador a abrir sus archivos de guerra, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) recordó que una resolución de la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Iglesia Católica divulgar el inventario de sus archivos en 2013.

Fespad alude a la resolución de los Amparos 828-2013 y 883-2013, que le ordenaban a la Iglesia elaborar un inventario documental del archivo; resguardar y custodiar el contenido del mismo y prestar su colaboración a las instituciones estatales encargadas del esclarecimiento de casos de posibles violaciones de derechos humanos que requirieran acceso al archivo.

La resolución también mandata proporcionar a las personas interesadas información y datos personales archivados y devolver los archivos proporcionados por las víctimas para respaldar su denuncia si así lo pidieran.

La Sala Constitucional habilitó además la vía judicial para que las personas afectadas en su derecho de autodeterminación informativa promuevan un proceso por daños materiales o morales contra la Iglesia ante una presunta vulneración de derechos.

La oenegé exhortó a las autoridades eclesiásticas a que hagan público el inventario del archivo del arzobispado capitalino.

Este domingo, el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, aseguró que los archivos de guerra de la Iglesia “no los puede inspeccionar cualquiera”, “porque hay víctimas de uno y otro bando”.


Escobar Alas aseguró que en el pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) "intentó" allanar los archivos de la desaparecida oficina de Tutela Legal del Arzobispado, al igual que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); el religioso dijo que se opuso y sostuvo que permitir que estas instituciones accedieran al archivo "dañaría la vida y la seguridad de las víctimas".