La defensa del exsecretario privado compareció a la audiencia civil. / Óscar Machón

Nacionales

Exsecretario privado de Saca en audiencia por no justificar $18.7 mills.

Juan Carlos Vásquez

jueves 15, junio 2017 • 12:02 am

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La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador inició ayer la audiencia preparatoria por el presunto enriquecimiento ilícito de $18.7 millones, en el que habría incurrido Élmer Roberto Charlaix Urquilla, exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, entre los años 2004-2009, y su esposa María Arline Rivas.

La Unidad Anticorrupción asegura en su demanda que Charlaix Urquilla, durante su gestión como funcionario público, tuvo un incremento patrimonial injustificado, lo mismo ocurrió con su cónyuge, quien en ese período logró una amortización de créditos bancarios con dinero que no se ha determinado el origen.

El fiscal Héctor Martínez, dijo que ellos tuvieron que haber justificado la procedencia de ese dinero ante la Sección de Probidad, pero no lo hicieron. “Hay que aclarar que de conformidad a la Ley Especial de Enriquecimiento Ilícito, el enriquecimiento ilícito tiene que ver con aquel incremento patrimonial que no se justifica con los emolumentos y con los salarios que el funcionario pudo haber percibido por el desempeño de sus funciones”, expresó Martínez.

La Fiscalía ha presentado abundante prueba, entre ellas las constancias salariales, documentación entregada por las instituciones financieras donde él había reportado productos como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos y depósitos a plazo.

Lo que el Ministerio Público está haciendo es una comparación entre los ingresos que él recibía como funcionario y el incremento que registró en el sistema financiero, al no existir correlación y proporcionalidad se pone en evidencia ese incremento patrimonial injustificado demandado ante la cámara, según lo que ha expuesto la representación fiscal.

Para los fiscales del caso ese incremento patrimonial injustificado proviene del manejo de la cuenta institucional de Casa Presidencial desde donde se desviaron los $18.7 millones por los que ahora deberá responder el exsecretario privado de Saca.