Un total de 23 expresidentes iberoamericanos firmaron la llamada Declaración de México, con la que denuncian la situación en Venezuela y piden la paralización de la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro, al considerar que esta supone un “punto final” para la democracia.

El Mundo

Expresidentes exigen parar Constituyente

EFE

sábado 17, junio 2017 • 12:00 am

Compartir

Un total de 23 expresidentes iberoamericanos firmaron la llamada Declaración de México, con la que denuncian la situación en Venezuela y piden la paralización de la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro, al considerar que esta supone un “punto final” para la democracia.

El documento, presentado ayer en la Ciudad de México, es un llamado a la acción a los participantes de la reunión de cancilleres sobre Venezuela, que se celebrará el 19 de junio en Cancún, México, antes de la inauguración formal de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Entre los firmantes están los expresidentes de México Vicente Fox y Felipe Calderón; del Gobierno España, Felipe González y José María Aznar; de Colombia, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, César Gaviria y Belisario Betancur; de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti; de Chile, Eduardo Frei; y de Argentina, Fernando de la Rúa.

También los expresidentes de Costa Rica Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez; de El Salvador, Alfredo Cristiani; de Ecuador, Lucio Gutiérrez y Jorge Jamil Mahuad; de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga; de Panamá, Mireya Moscoso; y de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy.

“Reiteramos nuestra profunda preocupación por la total ruptura del orden constitucional y democrático, la violación sistemática y generalizada de derechos humanos y la violencia provocada por las fuerzas del orden de Venezuela”, indicaron los exmandatarios.

 


Chavismo pide remover a fiscal

El diputado oficialista Pedro Carreño solicitó ayer al Supremo de Justicia iniciar el proceso de remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, contra quien también pidió una medida de prohibición de salida y la congelación de sus bienes.

A juicio del parlamentario, la fiscal ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.