El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló el juicio contra 14 imputados vinculados al exalcalde de Apopa, José Elías Hernández, acusados de siete casos de hechos ilícitos.

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Estructura ligada a exalcalde de Apopa enfrenta juicio Entre los procesados hay dos abogados, la jefa del registro familiar de Suchitoto y excolaboradores del exalcalde, su esposa e hijo.

Jaime López

martes 7, septiembre 2021 • 4:30 am

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló el juicio contra 14 imputados vinculados al exalcalde de Apopa, José Elías Hernández, acusados de siete casos de hechos ilícitos.

El proceso consta de 22 imputados, pero por cambio de abogados el exalcalde de Apopa, su esposa María Evelinda Serrano y su hijo, Darwin Hernández, así como otros dos imputados más fueron separados del grupo.

De ahí que el juicio de este lunes fue contra los primeros 14 imputados, mientras dos más han sido declarados rebeldes tras no asistir a ninguna de las audiencias.

“Tenemos abundante información y prueba que vincula a los imputados en hechos delictivos como cohecho activo, cohecho propio, sobornos, fraude procesal, uso y tenencia de documentos falsos”, afirmó el fiscal.

A los acusados se les atribuyen siete hechos delictivos e individualizados, por ejemplo, Arsenio Tobar es un supuesto cómplice necesario en el delito de negociaciones irregulares vinculado a la familia del exalcalde y que según Fiscalía era prestanombre.

“El participó con cierta documentación para participar en las licitaciones y ganarlas, cambiar cheques y entregarle el dinero a la esposa del exalcalde María Evelinda de Hernández”, dijo uno de los fiscales.

A este se suma los abogados, Juan Ramón Rivas Menjívar y Jorge Alberto Castillo, procesados por el delito de soborno; ellos supuestamente ocultaron un testigo en una vista pública, le ofrecieron dinero para que no se presentara a declarar y consiguieron un juicio absolutorio.

En el proceso también está Martha García, jefe del registro familiar de la alcaldía de Suchitoto, procesada por haber pedido $400 para extender una partida de nacimiento a una persona que no tenía existencia legal para que le extendieran el Documento Único de Identidad.

“Hay un citador de Aguilares, que contactó a una víctima, le ofrecieron $700 para que su hija de acoso sexual no se presentara a las diligencias periciales y judiciales, estos hechos sucedieron en 2018”, afirmó el fiscal.