María trabaja (ba) en una maquila en la zona franca de San Marcos. Cuando comenzó la emergencia por la pandemia del Covid-19 su contrato fue cesado con la promesa de activarse cuando se levante la emergencia en el país. Ya lleva un mes y medio sin salario y no fue beneficiada con los 300 dólares que repartió el Estado.

Opinión

Estragos económicos en la clase trabajadora

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martes 5, mayo 2020 • 12:00 am

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María trabaja (ba) en una maquila en la zona franca de San Marcos. Cuando comenzó la emergencia por la pandemia del Covid-19 su contrato fue cesado con la promesa de activarse cuando se levante la emergencia en el país. Ya lleva un mes y medio sin salario y no fue beneficiada con los 300 dólares que repartió el Estado.

Luisa trabaja para una empresa subcontratada y dedicada a la venta de chips telefónicos de una empresa transnacional. Tiene un salario básico más comisión por venta de chips. Si no logra la meta no gana ni cinco en concepto de comisión. Ella debe andar en las colonias exponiéndose a ser víctima de los delincuentes y ahora se expone al coronavirus. La empresa no le ha dado mascarillas, guantes ni alcohol gel, solo le extendió la carta para hacer constar que ella tiene que trabajar e internamente le mandaron un mensaje en el cual le advertían que si no lograba vender cierta cantidad de chips iba a ser despedida, por lo que tuvo que trabajar en plena pandemia, incluso todos los días de la Semana Santa. No logró la meta y está a la espera de ser despedida. Tampoco fue beneficiada con el subsidio de los 300 dólares.

Tanto María como Luisa reclamaron y la respuesta de sus jefes fue que ellos “las podían en el Ministerio de Trabajo” y que ni caso les harían si iban a denunciarlos. Ambas fueron y aseguran que no fueron atendidas.  En lo personal creo que eso de tener influencias en el MITRAB no es del todo cierto aunque  habrá casos que son reales, pero algunos patronos se aprovechan del temor de los trabajadores necesitados para hacerles creer eso. Algo similar pasa en el sistema judicial, cuando malos abogados engañan a sus clientes al decirles que tienen “conectes” con fiscales o jueces, cuando en la realidad ni siquiera saben los nombres de jueces y fiscales.

Muchos empresarios o patrones han decidido despedir a sus empleados o suspenderles el contrato (hasta nuevo aviso), violando el espíritu solidario y las leyes, pues el decreto ejecutivo es claro en el sentido que a los trabajadores hay que garantizarles el trabajo y el salario, aunque estén encuarentenados.

Desde luego hay que ponerse en los pies de los empresarios o patrones, especialmente de la mediana, pequeña y micro empresa, que tampoco han percibido ganancias y están obligados a pagar salarios, renta de locales, seguridad,  impuestos, deudas a proveedores y otros rubros.

Sin embargo hay empresas lo suficientemente sólidas que mensualmente obtienen ganancias millonarias  y que por ende tienen la capacidad de sostener las plazas y salarios de su personal. Precisamente las grandes ganancias las han logrado gracias a la mano de obra y al aporte profesional de sus empleados.


El MITRAB debe ejercer un más decisivi e instar a la población a que denuncie, pero también deben atender esas denuncias y aplicar con efectividad la ley, por supuesto analizando cada caso porque las realidades son distintas y algunas muy apremiantes para los patronos. El propietario de una peluquería de la cual soy cliente en San Salvador, me contaba que tiene dos empleados a quienes les paga el 50% de su salario (mínimo) en este tiempo de cuarentena, pues sus posibilidades económicas son limitadas.

El Gobierno (el Estado) debe estar consciente que el Covid-19 está generado estragos en la salud y en la economía nacional y que como siempre los más afectados son los trabajadores y sus familias. Por eso es necesario en el presente y a futuro un plan sustantivo y técnicamente viable de recuperación y sostenimiento económico, en el cual participen todos los sectores; es decir; gobierno, empresarios o patrones, trabajadores, políticos, organizaciones expertas y la ciudadanía.

No es viable imponer sin escuchar. Si bien el Gobierno lleva la batuta de las medidas en la emergencia, civilizadamente debe escuchar y tomar en cuenta a los demás y respetar criterios, opiniones y la separación de poderes en una sociedad republicana y democrática.

La prioridad debe ser los trabajadores y sus familias. Sin embargo no hay que olvidar que los empresarios son  generadores de fuentes de trabajo y prioritariamente son quienes con sus impuestos abonan a la hacienda pública. Definitivamente  la pandemia corroerá fuertemente la economía nacional, por lo que se necesita solidaridad, unidad y sobretodo proteger a la clase trabajador  y a las familias salvadoreñas. Sin criterios políticos o partidarios.