Parecería algo sin transcendencia que los presupuestos estén técnicamente bien elaborados. Pues hablar de ingresos sobreestimados o gastos subestimados se podría pensar que solo son tecnicismos relevantes para algunos economistas, aunque sin importancia para la población. Pero no es así, las implicaciones de este tipo de errores pueden traen costos muy grandes para el país. Lo que está pasando con Fomilenio II es un claro ejemplo de ello.

Opinión

Esto no es un juego

Ricardo Castaneda A. / Economista sénior, Icefi @Recasta

jueves 3, diciembre 2020 • 12:00 am

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Parecería algo sin transcendencia que los presupuestos estén técnicamente bien elaborados. Pues hablar de ingresos sobreestimados o gastos subestimados se podría pensar que solo son tecnicismos relevantes para algunos economistas, aunque sin importancia para la población. Pero no es así, las implicaciones de este tipo de errores pueden traen costos muy grandes para el país. Lo que está pasando con Fomilenio II es un claro ejemplo de ello.

Cuando en 2019 se presentó el proyecto de presupuesto para 2020, el Ejecutivo aseguró que iban incorporados todos los gastos que tenía certeza que se realizarían el siguiente año, obviamente algunos de éstos eran estimaciones, pero otros montos se sabía perfectamente a cuanto ascendían. Por ejemplo, el pago de salarios o de intereses y amortizaciones de la deuda. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto para 2020 no se colocaron los recursos suficientes para la contrapartida de Fomilenio II.

Fomilenio II es un proyecto que se viene ejecutando desde 2015, a través de una donación del gobierno de Estados Unidos por $277.0 milllones y a cambio se le pidió al Estado salvadoreño una contrapartida de $88.2 millones. Lamentablemente, la administración gubernamental anterior no consignó los recursos necesarios y éste tampoco lo hizo, a sabiendas que el plazo de ejecución terminaba en 2020.

El haber subestimado esta partida presupuestaria provocó que en el marco de una pandemia y de una de las peores crisis económicas, para intentar salvar los proyectos se recurriera a la utilización de deuda para cubrir gastos que no tenían nada que ver ni con la pandemia ni con la crisis. Esta aprobación para que se lograra estuvo precedida por lamentables shows políticos, lo cuales se reactivaron la semana pasada, con un “juego” de decretos.

La Asamblea Legislativa modificó el decreto 640, un decreto que en su inicio había consignado $400.0 millones para el pago de proveedores y la devolución de IVA a exportadores, nuevamente dos partidas presupuestarias que fueron subestimadas cuando se aprobó el presupuesto y que para financiarse se iba a recurrir a deuda. La Asamblea aprobó reformar este decreto para que de ahí se tomaran recursos para Fomilenio II, el pago de Fodes atrasado a las alcaldías, así como el pago de las pensiones de veteranos y excombatientes, que tampoco se incorporaron en su momento en el presupuesto.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que esa fuente de financiamiento consignada para la Asamblea no se puede usar porque los recursos ya se gastaron, lo que tendrá que analizarse a detalle para ver si hubo ilegalidades.


En cualquier caso, todo esto ha llevado a Fomilenio II a señalar que El Salvador está en las vísperas de incumplir el Convenio del Reto del Milenio y por ello, como medida precautoria, suspenden varios proyectos con el riesgo que no se finalicen. A esto se suma que, por cuarto año consecutivo, El Salvador reprobó el indicador de control de la corrupción que año con año toma en cuenta la Corporación del Reto del Milenio. Frente a este escenario, ante una eventual solicitud de un Fomilenio III, no es difícil imaginar cual sería la respuesta.

Ojalá que esto permita reflexionar, justo cuando se está discutiendo el presupuesto para 2021, porque el anteproyecto presentado por Hacienda, nuevamente trae partidas subestimadas. Por ejemplo, la partida de devoluciones de impuestos, se está presupuestando para 2021 solo $ 11.5 millones, cuando en 2020, entre enero y agosto, se han devuelto $40.0 millones. Y lo más preocupante es la partida del pago de la deuda para 2021, pues presenta un monto de $1,297.1 millones, presuponiendo que para 2021, no pagaría nada en concepto de capital por Letes y Cetes, cuando los vencimientos para 2021 son casi de $2,100.0 millones y en el pago de intereses solo se está colocando la mitad de lo que se va a pagar. Esto podría provocar que incluso el país caiga en impago. Posiblemente no lo terminemos de dimensionar, pero esto no es un juego: la falta de planificación y la politiquería como máxima de las políticas públicas está profundizando una ya grave crisis económica y fiscal.