Política

Estas son las dudas de Arena, FMLN y PDC para asignar los $250 millones del BID

Redacción DEM

lunes 10, agosto 2020 • 5:22 pm

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Diputados de Arena, FMLN y PDC condicionaron este lunes la aprobación de un presupuesto extraordinario de $40 millones y otro presupuesto de $210 millones provenientes de fondos prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a resolver una serie de dudas sobre el manejo de los fondos por el Gobierno.

“No son cinco centavos, son miles de millones de dólares”, dijo hoy Donato Vaquerano (Arena) en la Comisión de Hacienda.

 

Donato Vaquerano, diputado de Arena, enumeró tres exigencias:

  • Juramentar la veeduría ciudadana que vigilará el uso de los fondos de emergencia.
  • Entrevistar por separado a los ministros de Hacienda, Salud y Agricultura sobre el uso que han realizado de los fondos disponibles y del uso que darán a los nuevos fondos.
  • Solicitar un informe actualizado de la Corte de Cuentas sobre los avances en las auditorías al uso de los fondos de emergencia, como una pieza de correspondencia para que el informe sea público.

La falta de esta información, advirtió Vaquerano, les “inhibiría de seguir aportando fondos cuando se han estado haciendo movimientos financieros ilegales”. “Por eso necesitaríamos la presencia de estos tres ministros. Ha habido muchas dudas y pocas explicaciones”, indicó.


Rodolfo Parker (PDC) hizo las siguientes observaciones:

  • El artículo 4 del presupuesto extraordinario sería inconstitucional porque pretende que el Ministerio de Hacienda haga modificaciones presupuestarias sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. También, el FMLN también pidió el retiro de la disposición que le autorizaría al Gobierno a movilizar recursos sin aprobación de la Asamblea Legislativa.
  • Objetó que el artículo 6 quiera limitar la fiscalización de la veeduría creada por decreto 608, el que autorizó la emisión de los $2,000 millones de deuda, de los cuales forma parte este crédito del BID.
  • Rechazó el artículo 8 en donde el Gobierno propone declarar de interés público el presupuesto extraordinario. “Dios guarde”, dijo Parker. Una declaratoria de interés público permitiría al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a realizar gastos retroactivamente, es decir, reponer fondos o pagar proveedores de gastos ya realizados.
  • Pidió detallar bienes y servicios comprados, proveedores y los precios pagados, cuánto se compró con fondos propios y cuánto con préstamos.

La diputada Yanci Urbina (FMLN) también condicionó los votos a los presupuestos solicitados por el Ministerio de Hacienda:

  • Una explicación sobre la creación de un presupuesto ordinario de $210 millones dentro de los $250 millones. El decreto 608 obliga a que los $2,000 millones autorizados sean puestos en un presupuesto extraordinario que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa con dos terceras partes. “Nos parece a nosotros que hay una situación que no corresponde a la legalidad, porque el presupuesto ordinario ya fue aprobado. ¿Solo colocan $40 millones para no pasar por todo el filtro que tiene el 608?, ¿cuál es la intención?”, preguntó.
  • Pide los informes mensuales que debe enviar el Comité del Fondo de Emergencia.
  • Pregunta cómo gastarán los $20 millones en el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid).
  • Pide el detalle de cómo se gastarán los $18 millones para la recuperación económica.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha citado a los ministros de Hacienda, Alejandro Zelaya, de Salud, Francisco Alabí, y de Agricultura, Pablo Ánliker, para resolver estas dudas. Gana no puso condiciones.

La Asamblea Legislativa está buscando asignar el presupuesto de los $250 millones del BID que recibirán del préstamo aprobado el domingo pasado en una sesión plenaria extraordinaria, antes de que se perdieran los fondos.

Estos $250 millones forman parte de la autorización de los $2,000 millones aprobada el 26 de marzo de 2020 por la Asamblea Legislativa. La Asamblea también autorizó una emisión adicional de $1,000 millones que por decreto serán destinados a subsidio y créditos a empresas formales e informales, así como devolución de IVA a exportadores y pago de proveedores.