Política

Esta “solución” proponen organizaciones civiles a la OEA para superar “crisis constitucional” en El Salvador

Javier Maldonado

sábado 8, mayo 2021 • 6:00 am

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Retornar a las condiciones políticas e institucionales antes de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del jefe de la Fiscalía el pasado 1 de mayo, y garantizar el principio de separación de poderes, eso es lo que siete organizaciones civiles salvadoreñas le proponen a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como solución para superar la “crisis constitucional” que ha puesto a El Salvador en la agenda internacional.

Así Acción Ciudadana, Fusades, Funde, ANEP, DTJ, CEJ e IIDC a través de una carta le proponen a los Estados miembros de la OEA convocar de forma inmediata a Consejo Permanente y activar el procedimiento establecido para estos casos y previsto en “el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.

Las organizaciones le dicen a la OEA que le solicite al Gobierno de El Salvador “restaure el orden constitucional” y rechace las renuncias de los magistrados y fiscal general “por haberse emitido en condiciones irregulares” el 1 de mayo, el día que se instaló la nueva legislatura dominda por Nuevas Ideas.

También llaman a reconocer la sentencia de los magistrados destituidos de la Sala de los Constitucional que declararon ilegal su destitución.

Para las organizaciones esta “solución” debe incluir la derogación de los decretos legislativos 3, 4 y 5 emitidos para las destituciones y nombramiento de los nuevos magistrados y el fiscal.

La misiva denominada “Solución para restaura el orden constitucional y democrático en El Salvador”, asimismo demanda “que las posteriores elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realicen cumpliendo con los ordenado en la Constitución, las leyes y los principios de independencia judicial y separación de poderes”, señalan en el documento.

Le reiteran a la OEA que de no retornar a las condiciones antes del 1 de mayo, los funcionarios nombrados “ocuparán ilegítimamente sus cargos”, y “permanecer la violación al orden constitucional y al principio de separación de poderes”, pero consideran que la situación “aún puede corregirse”.