He tenido el privilegio de estudiar y trabajar en un ámbito directamente relacionado con las políticas públicas, particularmente las de carácter económico  y fiscal, que me ha permitido conocer y aprender sobre la importancia de las mismas para la garantía de los derechos de las personas. A pesar de mi experiencia no considero tener conocimientos absolutos y estoy segura que tengo muchas cosas que aún debo aprender, sin embargo, en algunas ocasiones desearía simplemente no saber, tal vez así ver los errores básicos que se cometen en el diseño e implementación de programas y políticas públicas en nuestro país serían menos frustrantes e indignantes.

Opinión

Escuchar para no repetir

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 15, abril 2021 • 12:00 am

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He tenido el privilegio de estudiar y trabajar en un ámbito directamente relacionado con las políticas públicas, particularmente las de carácter económico  y fiscal, que me ha permitido conocer y aprender sobre la importancia de las mismas para la garantía de los derechos de las personas. A pesar de mi experiencia no considero tener conocimientos absolutos y estoy segura que tengo muchas cosas que aún debo aprender, sin embargo, en algunas ocasiones desearía simplemente no saber, tal vez así ver los errores básicos que se cometen en el diseño e implementación de programas y políticas públicas en nuestro país serían menos frustrantes e indignantes.

El último de estos casos lo observamos esta semana, con las aglomeraciones observadas en los puntos de salida del transporte dirigido al megacentro de vacunación del Hospital El Salvador – que dicho sea de paso, aún debe aclararse cómo se pasó de presupuestar un pabellón con camas para cuidados intensivos a presentar un centro de vacunación –. Dichas aglomeraciones eran algo previsible, por lo menos para cualquier persona con un conocimiento mínimo de política pública o cualquier persona dispuesta a utilizar su sentido común: una convocatoria de miles de personas a un mismo punto en medio de una pandemia donde una de las medidas de prevención clave es el distanciamiento social, no es precisamente una decisión sabia. Incluso desde días antes, en redes sociales (vía de comunicación predilecta del actual Gobierno) se advertía al respecto.

En esta ocasión el agravante era que las personas aglomeradas pertenecían a la tercera edad, uno de los grupos más vulnerables frente a la Covid-19. Lamentablemente, esta no es la primera vez que las decisiones del Ejecutivo han provocado concentraciones de personas de esta naturaleza, sino recordemos lo que sucedió el año pasado, al inicio de la pandemia, cuando fallas elementales en el diseño para la entrega del bono de los $ 300.0 provocó que miles de personas se aglomeraran fuera de los CENADE.

Obviamente, procurar que nuestro país tenga acceso a la vacuna es una magnífica decisión, al permitir que el Estado salvadoreño cumpla con su función de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, pero tan importante es tener las vacunas, como el hecho de garantizar su acceso a la población, de una manera segura y con una exposición mínima a un contagio, en especial para aquellos grupos poblacionales más vulnerables.

Cualquier programa de política pública es perfectible, sobretodo en medio de una emergencia muchas cosas no pueden salir como lo planeado y deberán realizarse ajuste en el camino, es algo normal. Pero lo que no es normal es que tras un año de pandemia y casi dos años de gestión gubernamental, la actual administración siga cometiendo, recurrentemente, errores tan básicos. Me niego a creer que en el Ministerio de Salud no contemos con la capacidad para implementar un programa masivo de vacunación. Parece ser que quienes toman las decisiones lo hacen no con base a conocimientos o argumentos técnicos, sino con criterios de marketing político. Y eso justamente, será el talón de Aquiles de la actual administración.

La falta de apertura para escuchar recomendaciones, la poca disponibilidad al diálogo, la politización de los cuestionamientos y el miedo a reconocer los errores han sido equivocaciones de todos los gobiernos anteriores, errores que la actual administración ha decidido repetir. Los cuestionamientos y recomendaciones no deben menospreciarse, ni mucho menos desacreditarse y catalogarlos como ataques políticos, por el contrario se deben escuchar e identificar áreas de mejora que pueden aportar a construir un aparato estatal mucho más efectivo. Si de verdad la administración  Bukele quiere hacer bien las cosas debe empezar por reconocer que las estrategias de marketing político no son suficientes para atender crisis o emergencias, mucho menos para resolver problemas estructurales y garantizar derechos de la población; y que, aunque sean flexibles, es necesario contar con planes concretos que establezcan cómo desde lo público se van a garantizar los derechos de todas las personas.