Opinión

Errores de forma

Héctor Silva H. / Candidato a alcalde de San Salvador por Nuestro Tiempo

martes 17, noviembre 2020 • 1:28 am

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La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó 140 allanamientos a los Ministerios de Hacienda y Salud. Los allanamientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación dirigida por la FGR y alimentada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), enfocada en el mal uso de recursos públicos en el contexto de la pandemia. Poco antes, la FGR había solicitado a la Asamblea Legislativa el desafuero del Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC) y Viceministro de Seguridad. Luego de docenas de denuncias públicas por casos de corrupción en diferentes instituciones de Gobierno y por primera vez desde que la pandemia llegó al país, la institucionalidad obligada a perseguir esa corrupción y combatir la impunidad, parece estar dando señales de vida.

Los allanamientos y la solicitud de desafuero son pasos importantes en el camino
correcto, pero aún quedan muchas preguntas por responder. Desconocemos, aún, la magnitud del desfalco perpetrado por los funcionarios de Gobierno y se espera, por el bien del país, que las investigaciones lideradas por la FGR nos permitan contar con un panorama más completo a la mayor brevedad posible. Como ciudadanos podremos tomar las acciones pertinentes en la lucha contra la corrupción y la impunidad cuando tengamos claridad de la situación a la que nos enfrentamos. Sin embargo, antes de analizar el impacto de la corrupción sistemática que viene desde el ejecutivo en el contexto de los allanamientos y la solicitud de desafuero, es importante entender cómo llegamos hasta aquí.

El 17 de junio se reveló, a través de un reportaje periodístico respaldado por documentos oficiales, que el Presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar Zarco, recibió más de $200,000 a través de una de sus empresas por la venta de protectores faciales al Ministerio de Salud. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece que los funcionarios públicos no pueden ser contratistas del Estado. En ese momento, el Presidente Bukele decidió separar a Aguilar de su cargo. El Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, explicaría días después que aunque Aguilar no estaba ejerciendo sus funciones, mantenía el cargo, lo cual puede ser comprobado en el portal de transparencia. Luego de Aguilar, vendrían docenas de nuevas denuncias por casos de corrupción en diferentes carteras del Estado; los Ministerios de Salud, Hacienda, Educación, Turismo y Agricultura, por mencionar algunos, han sido señalados por actos de corrupción al beneficiar con contratos a familiares de los titulares de dichas carteras, al realizar compras irregulares y al reservar información clave respecto al uso de fondos públicos.

El largo recorrido por la lista de denuncias permite sacar una conclusión simple pero dolorosa: en este Gobierno, al igual que en los anteriores, la corrupción va mucho más allá de los “errores de forma” como se refirió el Ministro de Salud, Francisco Alabi, a los millones de dólares que la FGR y la CICIES han puesto en cuestión. Estamos, una vez más, pasando por una crisis de corrupción sistemática en la que funcionarios de gobierno utilizan sus cargos para mejorar su situación económica y la de sus familiares. Dicha crisis se desarrolla, también, en un momento en el que la democracia y la institucionalidad del país se encuentran amenazadas por el accionar autoritario desde Casa Presidencial que incluye, como en el caso de Arriaza Chicas, un desdén total por la Ley, la Constitución y el principio de separación de poderes que la misma establece. La corrupción sistemática y el irrespeto constante a la ley se vuelven particularmente nocivas en el contexto de una pandemia donde miles han perdido sus empleos y su estabilidad económica, mientras funcionarios como Jorge Aguilar suman millones de dólares a su patrimonio, todo esto, con el visto bueno de Nayib Bukele.

Como joven, como ciudadano y como candidato en el actual proceso electoral, soy consciente de la urgencia de este momento. Golpeado por la pandemia en todos los sentidos, El Salvador necesita de una oposición valiente y coherente para enfrentar a un Gobierno caracterizado por el autoritarismo, la corrupción y el populismo como pilares de su proyecto político. Sé, también, que la lucha contra la corrupción y la impunidad no es responsabilidad exclusiva de una sola institución de Gobierno; se trata de un esfuerzo colectivo constante entre ciudadanía e instituciones. Con ese compromiso, desde Nuestro Tiempo hemos presentado alrededor de 20 denuncias y solicitudes de información en la FGR, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Estamos en una situación crítica y es nuestra responsabilidad enfrentarla desde la valentía y la coherencia. Eso requiere convicción y unidad.


En El Salvador estamos acostumbrados a hacer política a partir de nuestras diferencias. En Nuestro Tiempo creemos que eso debe cambiar y que debemos enfrentar, juntos y juntas, la corrupción, la impunidad y la desigualdad. Si vamos atacar algo, que sean los problemas del país. Quienes perpetúan estos problemas al utilizar sus cargos para servirse y no para servir, no pueden ser parte de este esfuerzo ya que representan, aunque en un empaque más novedoso, el egoísmo antipatriota que ha definido la política salvadoreña por años y que estamos luchando por reemplazar.