En nuestro país no se sabe a veces si se vive realmente un proceso o un constante retroceso en lo que a su historia política se refiere. Lo anterior, es una de las conclusiones posibles luego de analizar los resultados de la última en encuesta de opinión publicada por la UCA, para la cual se interrogó a una importante muestra de la población, sobre sus preferencias electorales y su percepción sobre los principales actores, contendientes e instituciones, que se verán involucrados en la próxima contienda, esto es, en poco más de dos meses.

Opinión

Entender el proceso salvadoreño

Roberto Burgos Viale / Catedrático

lunes 14, diciembre 2020 • 12:00 am

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En nuestro país no se sabe a veces si se vive realmente un proceso o un constante retroceso en lo que a su historia política se refiere. Lo anterior, es una de las conclusiones posibles luego de analizar los resultados de la última en encuesta de opinión publicada por la UCA, para la cual se interrogó a una importante muestra de la población, sobre sus preferencias electorales y su percepción sobre los principales actores, contendientes e instituciones, que se verán involucrados en la próxima contienda, esto es, en poco más de dos meses.

Los datos expuestos por el IUDOP no pueden ser más desalentadores, sobre todo a la luz de la historia reciente: es evidente que la polarización política sigue siendo la constante, y que la apuesta por concentrar el poder está en auge en nuestra sociedad, como si los años de dictadura militar hubiesen quedado en el olvido, facilitando el surgimiento de una nueva fuerza política que pretende combatir el abuso de poder, cooptando las fuentes de este en todas las instancias políticas que le sea posible.

Esto en realidad es un contra sentido, ya que si hemos vivido un conflicto armado en el que se mató a otros por pensar distinto, por criticar desde la cátedra o desde los periódicos, o por apostarle a una solución negociada, antes que policial o militar, para los múltiples problemas de la sociedad, no es construyendo –de nuevo- ese poder arrollador, que se garantizará la democracia y las libertades de todos.

Pero es que aquí reside el verdadero problema: a los salvadoreños no se nos ha enseñado el cómo apreciar la democracia, la pluralidad y mucho menos la lucha contra la impunidad, pese a nuestro desarrollo constitucional, digamos, a nivel formal. Seguimos siendo admiradores de la fuerza, de un hipotético “poder efectivo” cuyos pecados se justifican, si es que una pizca del erario llega a las masas que lo siguen, lo admiran o lo toleran. ¿Es esto democrático? Por supuesto que no, y además es peligroso, si el discurso presidencial que se tiene, hoy por hoy, privilegia la beligerancia sobre el consenso, como única forma de explicar lo que sucede.

Ejemplos de esto sobran: desde las constantes denuncias de un supuesto intento de fraude, hasta la tergiversación de los hechos cuando esto significa una ventaja en el apoyo popular, a la vez, se señala a la Asamblea Legislativa como un órgano de Estado que conspira contra el Ejecutivo, por el solo hecho de ejercer las facultades de control que la misma Constitución le reconoce, dejándonos con un gabinete de intocables cuya simple comparecencia al órgano político por excelencia sería una forma de boicot a las labores cotidianas del Gobierno.

En suma, se victimiza la Presidencia con el ánimo de convocar en su auxilio a un voto mayoritario de los salvadoreños, que no solo están hartos de la política tradicional, sino que de acuerdo con esta encuesta, se preparan ya para brindar un apoyo mayoritario a quien ha probado no tener ni la capacidad, ni la vocación para gobernar propiciando la armonía social y el reencuentro entre sectores que piensan diferente, o que piden una mayor rendición de cuentas, o que condicionan su apoyo al respeto efectivo de sus derechos humanos.


El problema de fondo con todo esto, es que comienzan a consolidarse las bases para un poder autoritario, que en el 2024, cuando las elecciones para Presidente, Diputados y Alcaldes confluyan en un solo evento, tengan por resultado una nueva realidad, en la que se elimine la voz de la oposición, las facultades de control y fiscalización que aun ejercen algunas dependencias oficiales y, peor aún, se lleve –otra vez- hasta el extremo, las facultades excepcionales que la Constitución otorga al Presidente en su calidad de Comandante General de la Fuerza Armada. Ya hemos visto ensayos de esto en lo que va del año.

No podemos repetir lo que tanto costo revertir, al menos de manera lenta pero progresiva durante casi tres décadas de transición. El proceso político salvadoreño urge de nuevos actores, pero que a su novedad sumen un compromiso real con la democracia, no solo al cambio de imagen.

Los problemas nacionales siguen siendo los mismos y quienes los padecen también.