Política

Embajadora exhorta a superar veto presidencial a reforma clave contra la corrupción

Redacción web / DEM

miércoles 17, octubre 2018 • 11:59 am

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La embajadora de los Estados Unidos, Jean Manes, exhortó a los diputados a superar el veto presidencial impuesto a la ley de la Fiscalía, que frena una reforma para darle autonomía técnica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) respecto al fiscal general. Por esta decisión, El Salvador salió del grupo Egmont, que permitía a la unidad obtener información financiera y bancaria de los acusados de corrupción.

Los diputados tuvieron la oportunidad de superar el veto, pero no lo lograron. Ante esta situación, Manes dijo que El Salvador no está mandando señales claras de combatir la corrupción.

"Volviendo a los 16 criterios de Estados Unidos para recibir apoyo, uno es luchar contra la corrupción y cuando El Salvador queda suspendido de una organización de 156 países, qué dice eso, qué dice sobre el compromiso de El Salvador para luchar contra la corrupción, cuando hay una ley que podía tener éxito y el presidente veta la ley y no hay suficientes votos en la Asamblea para superar el veto, eso está enviando una señal clara que no hay compromiso para luchar contra la corrupción. Si El Salvador quiere mandar señales y compromiso de combatir la corrupción, estas son cosas que debe hacer (superar el veto en la Asamblea Legislativa)", dijo este día, en un foro que se llevó a cabo de Fusades.

La Fiscalía objeta el argumento del Presidente, diciendo que la función de investigación del delito de lavado de dinero es ejercida por medio de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos (Uecla) y que la UIF no es una unidad de investigación del delito y promoción de la acción penal, sino de análisis de información financiera.

Como segunda consecuencia, de no superar el veto, además de salir del grupo Egmont, El Salvador “podría ser incluido en la lista de paraísos fiscales” y formar parte de una lista gris o negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual dañaría la reputación del país, limitaría sus fuentes de financiamiento externo, aumentarían los costos de transferencias bancarias, aumentaría la percepción de riesgo de los inversionistas y elevaría el costo de los negocios.