Política

Elección de magistrados violó estas 3 reglas constitucionales en El Salvador: organizaciones Señalan cooptación del órgano Judicial a favor de intereses del partido oficial.

Susana Peñate

lunes 11, octubre 2021 • 11:29 am

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La Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ), la Cooperación Alemana GIZ y Ciudadanos por una Corte Independiente presentaron los hallazgos en la elección de magistraturas para la Corte Suprema de Justicia durante 2021, destacando que el proceso incumplió principios constitucionales.

En el contexto de la elección de magistrados que hizo la legislatura 2021-2024, señalan la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ el 1 de mayo y la elección de nuevos magistrados que no estaban en ningún listado.

La destitución misma de magistrados, que sigue siendo inconstitucional, desde DTJ consideramos es necesario se restablezca el orden constitucional”. Xenia Hernández, directora ejecutiva de DTJ.

Los principales hallazgos citadas por las organizaciones son las siguientes tres:

1. No se cumplió la regla de renovación

Por la destitución abrupta de magistrados sin establecer las razones del porqué había que destituirlos y que eso conllevó a que esta Asamblea Legislativa eligió a 10 magistrados y no 5, como lo determina el artículo 186 de la Constitución.

Rompen el orden constitucional y ha permitido la cooptación del órgano judicial”. Xenia Hernández, directora de DTJ.

Hernández agregó que la inobservancia de esta regla permite que el partido de gobierno tenga el control del órgano judicial.

2. Se hicieron traslados de magistrados

El magistrado Óscar López Jerez fue trasladado de la Sala de lo Civil a la Sala de lo Constitucional, para que presidiera el Órgano Judicial.

Además, fue ratificado en el cargo en la elección del 30 de junio de 2021, pese a no estar en la lista de candidatos enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

El nombramiento del presidente no hubo documentación, no se valoró quién era la persona más idónea”. Xenia Hernández, directora de DTJ.

 

3. No verificaron perfiles

La tercera regla incumplida, según las organizaciones, en la elección de magistrados fue la falta de documentación de los mejores perfiles.

El informe señala que la Asamblea Legislativa incumplió con el deber de “verificar y documentarse respecto de las razones por las cuales prefirió a ciertos aspirantes respecto de otros”.

La Comisión Política trasladó la elección al pleno legislativo y se efectuó por cotejar las listas presentadas por los partidos políticos y los nombres que coincidían en estas. “Lo que dista de la obligación constitucional”, según los hallazgos.

Las preguntas de la Comisión Política a los aspirantes a magistrados no habrían cumplido con las exigencias para verificar la idoneidad al cargo.

Vimos las entrevistas, una que otra pregunta acerca de la corriente jurídica, todas las preguntas se fueron enfocando en la destitución de los magistrados el 1 de mayo”. Xenia Hernández, directora de DTJ.

 

Se mantienen vicios

Este proceso utilizado por la Asamblea para los magistrados propietarios 2021-2030 sería el mismo para la elección de los suplentes de dicho periodo y para la elegir a los suplentes de la Sala de lo Constitucional destituidos el 1 de mayo y llenar dos vacantes de suplentes que fueron nombrados como propietarios el 30 de junio.

Esa elección que se aproxima a magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional es inconstitucional. En general, me parece que hemos sido incapaces como país de enderezar el proceso de elección de magistrados de forma histórica”. José Marinero, presidente de DTJ.

Considera que se mantienen algunos vicios del pasado en la elección de magistrados sin garantizar la idoneidad exigida y agregó que es necesario examinar las implicaciones que tiene la elección de este tipo de magistrados en la calidad de la justicia.

Cooperación

El informe de hallazgos se enmarca en el proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

El proyecto está orientado a la asesoría técnica y promover la independencia y la justicia y la lucha anticorrupción y la justicia abierta en los países del Triángulo Norte, por medio de actividades y esfuerzos para fortalecer a instituciones del Estado, a organizaciones de la sociedad civil y apoyar el dialogo entre ambas, con el fin de contribuir a la construcción de sociedades más justas”. Verónica Torres Brizuela, asesora técnica en Estado de Derecho del proyecto de GIZ.