El intento golpista ejecutado por Bukele contra la Asamblea Legislativa el 9F resultó temporalmente frustrado. La sed de poder del gobernante y su obsesión por controlar “el botón” del poder legislativo continuará, la búsqueda febril de imponerse a las instituciones que le establezcan límites nos mostrarán no pocos episodios autoritarios.

Opinión

El virus del engorilamiento

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

miércoles 19, febrero 2020 • 12:00 am

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El intento golpista ejecutado por Bukele contra la Asamblea Legislativa el 9F resultó temporalmente frustrado. La sed de poder del gobernante y su obsesión por controlar “el botón” del poder legislativo continuará, la búsqueda febril de imponerse a las instituciones que le establezcan límites nos mostrarán no pocos episodios autoritarios.

Es muy grave el resurgimiento del infeccioso y purulento “virus del engorilamiento tropical golpista”, lo creíamos erradicado tras los Acuerdos de Paz; sin embargo, como cualquier otra  enfermedad, es oscilante y emerge y se transmite a través del odio y la confrontación inoculada por la monstruosa metamorfosis de Bukele, quien rodeado de venenosos personajes que reptaron desde gobiernos conservadores, hoy anidan, eclosionan y se nutren en las rendijas del gobierno y esparcen veneno desestabilizador.

Estos ofidios termocefálicos saltaron del desecho de partidos fracasados y cual Hidra de Lerna hacen cuerpo en la cabeza del gobernante, filtrándose sutilmente a través de las bajas defensas de una ciudadanía frustrada por los graves errores del partidismo tradicional. Con su habilidad mediática inocularon odio y desconfianza en contra de la institucionalidad e inyectan veneno a través de las redes sociales, polarizando la sociedad con la finalidad de desestabilizar al país.

Este virus golpista, estimulado por una irrefrenable sed de poder, supura una pestilente mezcla de extrañas sustancias enervantes, inexperiencia, arrogancia, megalomanía, y quien sabe cuántos más síndromes y desajustes mentales. Representa una amenaza dictatorial con manifestaciones de odio, venganza, pérdida de la dimensión entre lo legal e ilegal. Se convierte en el más grave cuadro de debilitamiento institucional y desestabilización que hayamos padecido desde la posguerra, amenazando con extenderse hasta la elección legislativa y municipal del 28 de febrero de 2021 para controlar de manera absoluta el poder del país.

El intento golpista del 9F ha sido duramente rechazado por todas las fuerzas políticas y sociales organizadas, medios de comunicación, cámaras empresariales, iglesia católica, y cristianas evangélicas. A esto se suma la severa admisión y resolución de medidas cautelares dictadas por la Sala de lo Constitucional, prohibiendo el uso de las Fuerzas Armadas y PNC con fines políticos; así como rechazando el abuso de la convocatoria prevista en el artículo 167 numeral 7 de la Constitución. La gravedad de estos hechos, presiona a la Sala a una oportuna y contundente sentencia definitiva que frene la inminente continuidad de esta amenaza golpista.

Es grande la tarea para los entes contralores del Estado como la Fiscalía General de la República, que debe investigar y procesar a los responsables de los presuntos delitos cometidos durante el fallido intento golpista, así como a quienes siguen instigando la violencia. El Tribunal de Ética Gubernamental cuenta con abundante información para proceder de oficio por el uso indebido de recursos del Estado, sea de transporte, medios de difusión, o la obligación abusiva impuesta a muchos trabajadores del Estado conminándolos a participar de la asonada. La Asamblea Legislativa tiene que hacer lo propio y el propio Órgano Ejecutivo: es imperativa la renuncia de aquellos titulares de defensa y seguridad pública que no supieron distinguir la inconstitucionalidad de las órdenes que cumplían.


Desde el principio no se han hecho esperar las más firmes condenas de la comunidad internacional a esta intentona golpista: Naciones Unidas, congresos, gobiernos, organismo internacionales; incluso del gobierno de Estados Unidos que en su momento engolosinó al considerarlo el más “más cool” de los presidentes. En todos los casos se destaca la preocupación por el retroceso democrático que vulnera el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz, se exige el firme cumplimiento al principio de respeto y separación de poderes de Estado, a la Constitución y a las instituciones, así como la necesidad de sosegar las relaciones inter-órganos, estableciendo mecanismos de entendimiento entre los poderes del Estado.

Es muy complicada la situación de todas aquellas personas que se consideran decentes, que con legítimo afán buscaron un cambio, cansados de los errores del tradicionalismo partidista; hoy deben reconocer que conducen al país de manera equivocada. Ignorar las señales que indican la inminente amenaza dictatorial, no es honesto.

En mayor medida, es ineludible la responsabilidad de los partidos políticos de ejecutar una activa e inteligente acción de oposición, combinada con un verdadero proceso de cambios que permita recuperar la confianza ciudadana. Creer que la creciente pérdida de credibilidad de Bukele automáticamente abonará en apoyos para la oposición, es equivocado. El país sufrirá aún más, parece inevitable ante la falta de cordura y madurez del primer llamado a convocar al diálogo y a los consensos: el presidente.