Desde la firma del acuerdo de paz e inmediatamente después de la publicación del Informe de la Verdad, durante la presidencia de Alfredo Cristiani, los militares han estado presentes en la seguridad pública. Es más, el alto mando de la Fuerza Armada rechazó públicamente el Informe.

Opinión

El uso de la fuerza

Antonio Martínez Uribe / Sociólogo Politólogo

martes 27, agosto 2019 • 12:00 am

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Desde la firma del acuerdo de paz e inmediatamente después de la publicación del Informe de la Verdad, durante la presidencia de Alfredo Cristiani, los militares han estado presentes en la seguridad pública. Es más, el alto mando de la Fuerza Armada rechazó públicamente el Informe.

Y esto ha venido en ascenso, con Calderon Sol, Francisco Flores, Tony Saca. Pero también con los gobiernos de Mauricio Funes y Sánchez Cerén. Y hoy, con la llegada de Nayib Bukele.

Esto va en contra del principal acuerdo de la negociación de la paz, con el cual la guerrilla entregó las armas y se incorporó a la legalidad como partido político. Fue lo primordial porque se estableció la separación entre el papel de la Fuerza Armada y el de la Policía Nacional Civil formada como resultado del pacto. Se disolvieron los otros cuerpos de seguridad. En otras palabras, se reguló el uso de la fuerza, para lo cual se reformó la constitución de 1983.

Antes del pacto la Fuerza Armada controlaba todos los cuerpos de seguridad e incluso ciertos aspectos considerados estratégicos como las telecomunicaciones y el agua.

Además, la Fuerza Armada tenía el rol constitucional de garantizar la alternabilidad de los gobiernos y las elecciones. Tenían un papel como de Tribunal Constitucional y Electoral. Todo esto se cambió pero nada de esto habría tenido trascendencia si no se hubiera hecho el cambio constitucional en el uso de la fuerza.

Esto está claramente documentado por los diferentes negociadores y análisis de organismos nacionales e internacionales.


Ha venido in crescendo porque Francisco Flores, excluyendo al FMLN, mandó a los militares a hacer la guerra en Irak, respondiendo a un llamado de Estados Unidos. Saca, la mantuvo, pero además fue a Irak vistiendo él y su comitiva, uniforme militar. Luego Funes no solo la conservó, fue mucho más allá, dio de baja a dos generales y de un día para otro, los nombró en cargos para conducir la seguridad pública.

El presidente Bukele ha publicitado en los medios de información y ante la población, su decisión de desplegarlos para la seguridad pública. Además, ha anunciado que vienen soldados norteamericanos para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia y acompañarnos en esas tareas. Pero, además ha empezado a hablar de crear un nuevo cuerpo armado, que sería una suerte de guardia nacional.

Esta es una propuesta de Gana hecha por su grupo parlamentario en octubre del 2011 que dijeron forma parte de su plan de trabajo.

Tanto la propuesta de Gana como la de Nayib Bukele aumentan el uso de la fuerza para la seguridad pública. Se está aumentando la presencia militar para cuestiones que no constituyen una amenaza militar.

Ya se ha señalado por diferentes entes la presencia militar, después de 26 años no se ha logrado disminuir la delincuencia.

Ante esto abogados han salido a la escena afirmando que todo esto es legal y que no es inconstitucional y que así está establecido en los acuerdos de paz una falacia.

Se dice que hay avances en la materia tres meses después de asumida la presidencia, pero, hay que subrayar que la seguridad pública no es solamente un asunto de disminuir los homicidios sino que es algo mas integral que involucra a todo el estado no solamente a sus aparatos armados y de inteligencia.

En 1995 se firmó en Honduras un Tratado Marco de Seguridad Democrática por los Jefes de estado de Centroamérica. Por El Salvador firmó el expresidente Calderón Sol. Se establecía que se trataba de pasar de la seguridad nacional, que planteada solamente la seguridad del Estado a la Seguridad Democrática (SD) que significaba la seguridad de la persona y sus bienes. Este tratado fue ratificado por la Asamblea Legislativa. Se acordó diseñar un Índice de SD, que iría evaluando el comportamiento de varios indicadores no solo los homicidios y extorsiones. Sin embargo, éste nunca se puso en práctica.