Alguien podría suponer que cuando un gobierno tiene una crisis financiera esta se manifiesta de un día para otro. Por ejemplo, un día todas las oficinas gubernamentales aparecen cerradas porque no hay dinero para funcionar o se cae en impago porque no hay dinero para pagar la deuda pública contraída. Sin embargo, las crisis financieras a veces se manifiestan de formas menos evidentes y menos mediáticas, pero que siempre terminan afectando a toda la población, especialmente a la más pobre.

Opinión

El traslado de la crisis

Ricardo Castaneda A. / Economista sénior, Icefi @Recasta

jueves 4, noviembre 2021 • 12:00 am

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Alguien podría suponer que cuando un gobierno tiene una crisis financiera esta se manifiesta de un día para otro. Por ejemplo, un día todas las oficinas gubernamentales aparecen cerradas porque no hay dinero para funcionar o se cae en impago porque no hay dinero para pagar la deuda pública contraída. Sin embargo, las crisis financieras a veces se manifiestan de formas menos evidentes y menos mediáticas, pero que siempre terminan afectando a toda la población, especialmente a la más pobre.

En El Salvador una de las formas que a mi juicio se ha manifestado la delicada situación financiera es cuando el gobierno, desde el año pasado, no ha transferido la totalidad de los recursos a las municipalidades a pesar de que el marco legal, incluyendo la ley de presupuesto obliga al gobierno a cumplir con esas trasferencias más allá de la discrecionalidad de las autoridades de turno.

Esto conllevó a que muchas alcaldías recurrieran a mayor endeudamiento, para intentar paliar la reducción en los ingresos. Este endeudamiento en la mayoría de los casos ha sido muy caro y ha metido una mayor presión a las finanzas municipales. Porque vale la pena señalar que muchas alcaldías tenían ya deudas municipales insostenibles.

Pero esto no es todo. El gobierno ha presentado la propuesta para recortar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social para las Municipalidades (Fodes) del 10 al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado, disolver el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y así crear una nueva entidad de administración de proyectos municipales.

Las administraciones públicas más avanzadas comprenden que la mejor manera de atender los problemas de las personas es que haya una entidad del Estado que esté cerca para escuchar sus necesidades, pero también para resolverlas. Por lo que centralizar al Estado no es una buena idea. Especialmente cuando no se tiene la capacidad desde el gobierno central de poder escuchar todas las demandas. Imaginemos todas las solicitudes para arreglar todas las calles vecinales, la iluminación, la recolección de basura y un gran etcétera de los 262 municipios. Realmente es ineficiente e inoperante.

Desde el gobierno se ha utilizado como argumento principal que existe mucha corrupción en las alcaldías, lo cual es cierto, pero eso no justifica reducirle recursos. Porque si eso fuera el parámetro tendría entonces que cerrarse todo el gobierno, prácticamente.  Es más, con esta medida se abren las puertas a más casos de corrupción porque lo que se quiere es que la nueva administración de recursos municipales no utilice la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). Con ello además de dejar de lado los procesos que en la ley se establece, abre la puerta para que contratistas que no cumplan los requisitos de la Lacap igual puedan recibir contratos del Estado. Por poner un ejemplo si una empresa que vende zapatos quiere vender insumos médicos con base en la Lacap no se pudiera contratar, pero sin la Lacap si lo podrán contratar.


La decisión de recortarles recursos a los gobiernos municipales además de ser otra enorme contradicción del actual gobierno, porque en campaña ofreció aumentar recursos de los municipios, quizá sea una de las reformas del Estado más importante en las últimas décadas. Y como suele ser una práctica en esta administración gubernamental no responde a un plan de desarrollo o a algún estudio técnico sino a la urgencia de recortar recursos para que la brecha entre ingresos y gastos no sea tan grande y con ello intentar paliar la crisis de las finanzas del gobierno central.

Pero, con esto en realidad lo que se está haciendo es lavándose las manos y trasladando el problema financiero a las alcaldías y con ello agravar, aún más las finanzas municipales. Con esta medida seguramente lo que pasará es un recorte mayor de servicios municipales, aumentos de tasas y despidos masivos. Lo que al final del día se traduce que quien pagara los costos de esta decisión, como siempre, es toda la ciudadanía.