La derogatoria de la ley de Amnistía, en 2016, permitió reabrir los casos de crímenes del conflicto armado.

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El Salvador vislumbra fin de impunidad con la condena de coronel acusado de matanza jesuita

Carlos Márquez/ AFP

viernes 11, septiembre 2020 • 2:30 pm

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El Salvador vislumbra el fin de la impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992), con la condena este viernes del excoronel Inocente Orlando Montano en España, por el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989.

Analistas y activistas celebraron la sentencia española, aunque opinaron que ésta evidencia las limitaciones de la justicia salvadoreña para enfrentar estos casos.

"Hoy se dio un gran paso hacia la verdad. La justicia salvadoreña sigue en deuda", expresó la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) en su primera reacción en Twitter a la condena impuesta en Madrid a Montano, un coronel retirado de 77 años, que vivía en Estados Unidos y fue extraditado a España en 2017.

La UCA, donde se cometió la matanza, dijo sin embargo, que:

Las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría, expresan la triste realidad de un momento de la historia". Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 


Basándose en el principio de la justicia universal, la Audiencia Nacional condenó a Montano a 133 años y cuatro meses de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles, aunque no podrá estar recluso más de 30 años, según la ley española.

Las víctimas fueron:

  • El hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA),
  • Los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector),
  • Segundo Montes,
  • Amando López
  • Juan Ramón Moreno,
  • El salvadoreño Joaquín López,
  • La cocinera Elba Ramos
  • Y su hija Celina Ramos.

En esa época, la orden religiosa, en especial Ignacio Ellacuría, estaba ejerciendo de intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar unas negociaciones de paz.

Eso, según la Audiencia Nacional española, "les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios".

Más implicados

A través de las pruebas y testimonios presentados en el juicio, según la UCA, "ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil".

Después de 30 años, al ser condenado Montano se ha hecho justicia parcial, porque sabemos que son más los perpetradores y en el banquillo de acusados faltaron personas tanto intelectuales como materiales". Director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.

Con el fallo en Madrid comenzó la caída del "imperio de la impunidad en El Salvador", resumió Baños.

El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, celebró el fallo en España, pero lamentó que el sistema de justicia de El Salvador "no es operante, se sigue protegiendo a los victimarios".

Montano integraba la promoción de militares llamada "La Tandona", un grupo de 46 oficiales graduados en 1966 que controló el ejército durante un largo tramo de la guerra civil, que dejó más de 75,000 muertos y 7,000 desaparecidos.

El proceso en la Audiencia Nacional de España dejó en evidencia que la Fuerza Armada "funcionó como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el Estado de derecho", según la UCA.

La universidad jesuita consideró que la institución castrense debe pedir perdón por los graves crímenes cometidos y abrir sus archivos para colaborar con la justicia local que investiga tales hechos.

De lo contrario, advirtió, "difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos".

El camino de reparación (de las víctimas) pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón".Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 

El exrector de la UCA, José María Tojeira, declaró a la AFP que la sentencia en España "es un estímulo" para continuar exigiendo justicia en El Salvador.