Los recientes acontecimientos ocurridos en El Salvador el pasado 9 de febrero, cuando el presidente Bukele ordenó la militarización de la Asamblea Legislativa e incitó a la insurrección como medida de presión para que los diputados aprobaran el préstamo para el Plan Control Territorial, nos invitan a reflexionar sobre la clase de políticos que tenemos y, sobre todo, ¿qué implicaciones tienen para nuestra democracia? Y, como ciudadanía, ¿qué debemos hacer para actuar como agentes de cambio?

Opinión

El Salvador, ¿democracia o autoritarismo?

Ana Cevallos / Economista investigadora @Cevallob

jueves 20, febrero 2020 • 12:00 am

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Los recientes acontecimientos ocurridos en El Salvador el pasado 9 de febrero, cuando el presidente Bukele ordenó la militarización de la Asamblea Legislativa e incitó a la insurrección como medida de presión para que los diputados aprobaran el préstamo para el Plan Control Territorial, nos invitan a reflexionar sobre la clase de políticos que tenemos y, sobre todo, ¿qué implicaciones tienen para nuestra democracia? Y, como ciudadanía, ¿qué debemos hacer para actuar como agentes de cambio?

Para responderlo, podemos recurrir a la propuesta de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, quienes en su libro «Cómo mueren las democracias», plantean cuatro indicadores que permiten evaluar el comportamiento de los políticos a fin de determinar si son o no autoritarios. El primer indicador analiza al político según el nivel de rechazo o la débil aceptación de las reglas democráticas. Básicamente por medio de este indicador los autores referidos cuestionan si los políticos rechazan o no la Constitución o manifiestan la intención de no acatarla; asimismo, se examina si sugieren la necesidad de adoptar medidas antidemocráticas o si han pretendido usar medidas extraconstitucionales para cambiar el gobierno (como golpes, insurrecciones violentas, entre otras prácticas).

El segundo, referido al grado de negación de la legitimidad de los adversarios políticos, evalúa la actitud de los políticos ante sus rivales, analizando si estos son considerados como subversivos o contrarios al orden constitucional establecido. También cuando se ve en ellos (en los adversarios políticos) una amenaza existencial, ya sea para la seguridad nacional o para el modo de vida imperante. O bien, cuando se les describe, sin argumentos, de forma descalificativa.

El tercero, consiste en el nivel de tolerancia o fomento de la violencia, que mide los vínculos que los políticos tienen con bandas armadas, fuerzas paramilitares, milicias, guerrillas u otras organizaciones violentas ilegales. También el apoyo o rechazo hacia posibles actitudes violentas provenientes de sus partidos políticos o bien acontecidos en otros lugares del mundo.

Finalmente, como cuarto indicador, se examina la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Ello se mide según el grado con el que se ha apoyado leyes o políticas que restringen las libertades civiles; o bien, según se haya recurrido o no a amenazar con la adopción de medidas legales u otras acciones punitivas contra personas críticas pertenecientes a los partidos de oposición, la sociedad civil o los medios de comunicación.

En El Salvador, si observamos el desempeño de los indicadores de Levitsky y Ziblatt, podemos decir que nos encontramos más próximos al autoritarismo que a la democracia. Pero además, me atrevería a afirmar que se trata de una crisis endémica y sistémica porque carecemos de una oposición política idónea y capaz de enfrentar a las actuales fuerzas que ostentan el poder.


Ante este panorama, como ciudadanía, en el corto plazo tenemos la obligación de repensar nuestro comportamiento como electores, pues de ello depende la continuidad de nuestro sistema democrático y de nuestras luchas ganadas en favor de la democracia. Para ello, desde ya debemos prever las consecuencias de nuestro voto en las elecciones de diputadas y diputados que se celebrarán el próximo año.

En el largo plazo, debemos exigir políticas de Estado que permitan la garantía de derechos de forma sostenible, dado que de ello depende la construcción de nuestro carácter ciudadano (en lo económico, lo social, lo político y lo fiscal). Esto resulta relevante, pues la calidad de la democracia también se mide por el grado en que se garantizan los derechos; a fin de cuentas, esto también influye en la forma en que ejercemos nuestra ciudadanía en las urnas.