Política

El recorte a la propuesta presupuestaria de la Fiscalía de El Salvador La unidad más afectada, partiendo de la propuesta fiscal, fue la que investiga delitos contra la sociedad.

Yolanda Magaña

martes 24, noviembre 2020 • 10:00 am

Compartir

La propuesta de presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió uno de los mayores recortes por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana.

El mayor recorte a la propuesta, de $34 millones, fue realizado en el plan de gastos propuesto para la Unidad de Defensa de los Intereses de la Sociedad, un área que investiga delitos como el homicidio y la extorsión.

La inversión propuesta se iba a destinar a la creación de 144 plazas nuevas en la Fiscalía General de la República, de las cuales el 88 % iban a ser fiscales auxiliares, dijo una investigadora de Acción Ciudadana. Desde 2016 no ha habido otro incremento de fiscales auxiliares. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto general del Estado 2021 aprobado por el Consejo de Ministros y entregado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, ya no iban estos fondos.

Así lo detalla, en cifras, el informe "Instituciones de control: asignaciones presupuestarias 2015-2020 y proyecto de presupuesto 2021” presentado este martes por el Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana.

Hay una relación entre la cantidad de auxiliares y la efectividad que va a tener dentro del sistema de justicia. La compra de equipo de investigación especializada o la creación de unidades de investigación es algo a lo cual se le debe poner atención”. Investigadora del Observatorio.


La solicitud hecha por Fiscalía:

  • Dirección y Administración: $12,742,702
  • Defensa de los intereses de la sociedad (delitos contra la sociedad): $82,881,578
  • Defensa de los intereses del Estado (acciones legales en favor del Estado): $4,056,503
  • Centro de Intervención de las telecomunicaciones (intervención de las telecomunicaciones): $6,517,300
  • Derechos de la mujer e igualdad de género: $736,301
  • Infraestructura física (construcción, equipamiento y modernización): $43,116,448

La asignación propuesta por Hacienda a Fiscalía aprobado por Consejo de Ministros:

  • Dirección y Administración: $12,742,702
  • Defensa de los intereses de la sociedad (delitos contra la sociedad): $48,802,619
  • Defensa de los intereses del Estado (acciones legales en favor del Estado): $3,979,940
  • Centro de Intervención de las telecomunicaciones (intervención de las telecomunicaciones): $2,163,620
  • Derechos de la mujer e igualdad de género: $880,620
  • Infraestructura física (construcción, equipamiento y modernización): $35,637,745

Otra de las áreas recortadas es la del Centro de Intervención de Telecomunicaciones, para el cual la Fiscalía pidió $6.5 millones y Hacienda pidió $2.1 millones.

El resto de instituciones de control, con desventaja

A través de los años, la institución de control con más aumentos presupuestarios ha sido la Fiscalía, a partir del año 2016, ya que recibió $62.2 millones en 2015, subiendo a $65.9 millones en 2016 y mostrando un alza significativa a partir de ese año hasta $104.2 millones en el proyecto de 2021.

La tendencia de los presupuestos de la Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental y del Instituto de Acceso a la Información Pública es casi una línea recta a través de los siete años.

En el proyecto de 2021 propuesto por el Gobierno actual todas las instituciones sufren un recorte excepto la Fiscalía. El Gobierno solo pidió un aumento para el IAIP luego de una resolución del IAIP a favor del presidente Nayib Bukele en torno a las adendas de sus informes patrimoniales a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Se dan incrementos en otras instituciones que no pueden ser tan justificadas por el Órgano Ejecutivo. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, cuando tenemos instituciones que juegan un rol más importante como la Fiscalía”. Eduardo Escobar, director ejecutivo de la Acción Ciudadana.

Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de la AC, la disminución presupuestaria en las instituciones de control podría deberse a la intención del Gobierno de no ser auditado.