Al final del 2019, antes de la pandemia, nuestro país debía en total 18 mil 900 millones de dólares, equivalente al 70 % de todo lo que el país produce en un año,  lo que se llama Producto Interno Bruto (PIB). Ahora, en pandemia, a finales de 2020, después de adquirir nuevas deudas y préstamos, nuestro país deberá en total más de 22 mil 800 millones de dólares, o sea 3 mil 944 millones más que en 2019, y buena parte a tasas de interés muy superiores a las del pasado, en algunos casos hasta del 9.5%. Para finales de 2020 se prevé que la deuda pública total podría superar el 94 % del PIB, y en 2021, si no se adoptan las acciones de política económica correctas, fácilmente se podría pasar del 100 %, agravando la insostenibilidad de deuda arrastrada desde 2007 y elevando el riesgo de caer en un impago (default).

Opinión

El “Mes de la Independencia” termina camino a la bancarrota

Francisco Díaz / Presidente de Fudecso

lunes 28, septiembre 2020 • 12:00 am

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Al final del 2019, antes de la pandemia, nuestro país debía en total 18 mil 900 millones de dólares, equivalente al 70 % de todo lo que el país produce en un año,  lo que se llama Producto Interno Bruto (PIB). Ahora, en pandemia, a finales de 2020, después de adquirir nuevas deudas y préstamos, nuestro país deberá en total más de 22 mil 800 millones de dólares, o sea 3 mil 944 millones más que en 2019, y buena parte a tasas de interés muy superiores a las del pasado, en algunos casos hasta del 9.5%. Para finales de 2020 se prevé que la deuda pública total podría superar el 94 % del PIB, y en 2021, si no se adoptan las acciones de política económica correctas, fácilmente se podría pasar del 100 %, agravando la insostenibilidad de deuda arrastrada desde 2007 y elevando el riesgo de caer en un impago (default).

A lo dicho debemos agregar que, por haberse paralizado casi todas las actividades económicas por tanto tiempo, las arcas del Estado podrían llegar a tener una reducción en sus ingresos de aproximadamente 1000 millones de dólares (a menor actividad comercial,  menos ingreso por IVA; a menos rentas y ganancias en general,  menos impuesto sobre la renta).

Ahora bien: dejando de lado si era necesario prestar tanto dinero, dejando de lado si el dinero prestado fue malbaratado, robado o hasta bien usado –pues el Gobierno no ha rendido cuentas de nada– la  realidad es que, si las cosas siguen como van y la deuda contratada no se amortiza (se paga capital más intereses), en 2021 o los años venideros, el país  podría caer en impago, o sea, no podría pagar su deuda, no se podría invertir en obras públicas, no habría recursos para gastos de capital y habría dificultad para el pago de salarios de empleados públicos, gastos de operación general del Estado, en salud, educación, protección social y pensiones. Entonces digámoslo claro: el país está camino a la bancarrota. Esta es la realidad.

En la Fundación para el desarrollo de la Ciencias Sociales (Fudecso), hemos analizado la situación y vemos de toda urgencia la necesidad de que el Gobierno de la República adopte las siguientes acciones de política económica y fiscal:  1. Detenga la evasión y elusión de impuestos; reduzca la corrupción y el contrabando; 2. Instaure nuevos impuestos específicos entre ellos un IVA diferenciado para bienes de lujo; 3. Elimine gastos de consumo no indispensables del Estado, como la propaganda, por ejemplo; 4. Elimine la práctica de generar gastos sin prever ingresos para pagarlos; y 5. Inicie un ajuste fiscal de al menos 5.2 % en los próximos 10 años y un crecimiento económico promedio de al menos 3 % anual.

En el mediano plazo se requiere un acuerdo fiscal consensuado de amplio alcance que incluya: 1. Eliminar la práctica de contraer deuda externa para financiar gasto corriente (gasolina, electricidad, nuevos funcionarios, otros); 2. Revisar y corregir el sistema tributario para volverlo menos regresivo y que los que ganan más paguen más; 3. Aumentar y hacer eficiente la ejecución de inversión pública; 4. Establecer el impuesto predial y el mecanismo de renta mundial para el cobro del impuesto sobre la renta, (en América Latina y el Caribe, solo Cuba y El Salvador no tienen el primero y Costa Rica, al igual que muchos otros países, ya discute cómo establecer el segundo); y 5. Renegociar, refinanciar o restructurar la deuda en términos y condiciones soportables para la capacidad de pago del país.

Consideramos también de toda urgencia que las universidades, los centros de pensamiento, las organizaciones de sociedad civil, los sindicatos, las cooperativas, el sector empresarial, en una palabra, TODOS, tomemos conciencia de esta situación y hagamos común la solicitud de adoptar inmediatamente las acciones propuestas.