Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobadas por la Asamblea Legislativa, tendrán una consecuencia inmediata en cómo la población recibe justicia, considera el abogado José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

Política

“El mensaje de la reforma es: cualquier juez incómodo al poder puede ser destituido” El abogado señala que las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial es consolidar el 1 de mayo .

Saraí Alas

lunes 6, septiembre 2021 • 5:00 am

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Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobadas por la Asamblea Legislativa, tendrán una consecuencia inmediata en cómo la población recibe justicia, considera el abogado José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

“La consecuencia inmediata es la pérdida del derecho de la ciudadanía a defender sus derechos ante un juez imparcial”, afirma. Cree que esta reforma “es un mensaje” para los jueces y magistrados: “Cualquier juez incómodo al poder puede ser destituido”. Las consecuencias de este nuevo “golpe”, como él lo denomina, también podrían trascender en el ámbito internacional y financiero para el Gobierno de El Salvador.

 

¿Qué consecuencias se tendrán a largo y mediano plazo en El Salvador luego de que la Asamblea decidiera reformar estas dos leyes que permiten traslados y retiros de jueces?

Esta reforma está trastocando la independencia de uno de los tres órganos fundamentales del Estado salvadoreño, presumiblemente por otros dos poderes del Estado, que son la Asamblea y el Gobierno. Pero, dada la tendencia de la Asamblea, es evidente también que está involucrado el Gobierno. Aquí se materializa la intervención de dos órganos de Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo, con una injerencia en las funciones del Órgano Judicial. Esta es una reforma que termina de consolidar el desmantelamiento de la independencia judicial que comenzó con el golpe del 1 de mayo.

El Gobierno se ha apropiado de la bandera anticorrupción desde la campaña: ellos prometieron luchar contra la corrupción, hacer que devolvieran lo robado, y que iban a luchar contra la corrupción histórica, y la gente creyó”.

¿Considera que estas reformas van a generar consecuencias internacionales para El Salvador?

Ya las tiene. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Magistrados se ha expresado de manera muy contundente; pocas veces he visto un pronunciamiento tan severo. Él está diciendo que lo que ha pasado en El Salvador es un completo despropósito. La palabra que utiliza es que es el último paso para la demolición de la institucionalidad y la independencia judicial en El Salvador y llama a la comunidad internacional a tomar acciones. Esto tendrá consecuencias para El Salvador en términos de que va rápidamente a convertirse en un paria de una comunidad democrática internacional. El resto de países democráticos verán a El Salvador como un país fuera de la comunidad democrática y tiene consecuencias inmediatas en el riesgo país, en lo atractivo o no que será para inversionistas extranjeros, cierra las puertas en los foros internacionales, le quita la credibilidad internacional a El Salvador y su Gobierno, mientras no se restituya el Estado de Derecho. Gradualmente, la comunidad internacional va aislando a este Gobierno.

 

¿Cómo enfrentar el problema de la corrupción judicial? El argumento del Gobierno es que han quitado “jueces corruptos”.

El discurso es que esta “depuración”, es una medida anticorrupción, y yo quiero recordarle cómo esto es una medida más en línea de la apropiación que ha hecho este Gobierno de la agenda anticorrupción. El Gobierno se ha apropiado de la bandera anticorrupción, incluso desde la campaña: ellos prometieron luchar contra la corrupción, hacer que devolvieran lo robado y que iban a luchar contra la corrupción histórica, y la gente creyó en esa bandera. Electoralmente, esto pesó mucho. Cuando llegan al Gobierno se ve que no era una agenda sincera, no era algo que tenían intención de concretar o perseguir, si no lo contrario: lo que fuimos viendo es que ellos están luchando en contra de quienes luchan contra la corrupción. Y lo han hecho con la ley Alabí, protegiendo a funcionarios señalados en la Lista Engel, eliminando a la CICIES.

Sin jueces imparciales, si a usted le pasa algo constitucional, penal, contencioso, en lo que está involucrado un agente del Estado, no podrá defenderse.

El presidente se comprometió a respetar a la sociedad civil disidente. ¿Cree que se rompió esa promesa con las reformas?

La promesa fue efectivamente respetar a las voces disidentes, a la sociedad civil. En realidad no es una “persecución” contra los actores; de hecho, el presidente cuando se le mencionó la corrupción, la CICIES, la independencia de los jueces, la Sala de lo Constitucional, no tuvo ninguna reacción. Se refirió a otro montón de temas. Él eligió lo que quería hablar y escogió no hablar de estos temas.

 

¿Cree que el presidente aún cumplirá esa promesa (establecer un diálogo con la sociedad civil)?

Lo primero de respetar las voces disidentes ya lo rompió. Ya insultó a varia gente, sus funcionarios han atacado gente, estigmatizado organizaciones, incluso contra el cardenal Rosa Chávez, el secretario de prensa nos llamó traidores de la patria… En fin, los ataques ya volvieron. Esa promesa la rompió. Y de la otra, no hemos visto ni un solo signo de que la vaya a cumplir. Pero, si llega efectivamente a llamar a un espacio, nosotros podríamos considerar sentarnos en una mesa únicamente en la medida que la primera conversación que se tenga sea para que se respete la primera promesa: el respeto a las voces disidentes, cómo se respeta la libertad de expresión, de prensa, de asociación, y después de eso podemos hablar de las demás cosas. Pero antes que eso, uno no puede hablar con franqueza si el otro tiene una pistola en la mano y esa pistola es el uso del aparato público para perseguir a la gente que piensa diferente a él y a su Gobierno.

Instrumentalizar la justicia les ha servido para proteger a sus propios funcionarios señalados de corrupción. Las personas señaladas en las listas de corruptos siguen ejerciendo sus funciones, porque el Gobierno no tiene ningún interés de investigarlos”.

¿Considera que el Gobierno va a cumplir la hoja de ruta y las condiciones de financiamiento de los Estados Unidos después del 1 de mayo?

La tal hoja de ruta no es pública, nadie la ha visto: solo nos enteramos por los medios que el Gobierno y Estados Unidos establecieron una hoja de ruta, pero asumo que no la cumplieron, porque una parte era establecer un diálogo con la sociedad civil y aquí no hay ningún diálogo, están todas las puertas cerradas.

 

El perfil

José Marinero, abogado

Cargo: Presidente de Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ).

Estudios: Abogado especialista en derecho administrativo y políticas públicas. Socio en Novis Estudio Legal - El Salvador.