Durante la última sesión plenaria, en la que los diputados nombraron a nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quedó en evidencia la ansiedad del oficialismo por nombrar en los más altos puestos a funcionarios que no solo le sean incondicionales, sino que además, puedan desempeñar el cargo más allá de los límites establecidos.

Opinión

El magistrado vitalicio

Roberto Burgos Viale / Catedrático @burgosviale

lunes 5, julio 2021 • 12:00 am

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Durante la última sesión plenaria, en la que los diputados nombraron a nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quedó en evidencia la ansiedad del oficialismo por nombrar en los más altos puestos a funcionarios que no solo le sean incondicionales, sino que además, puedan desempeñar el cargo más allá de los límites establecidos.

Y cuando se habla de límites establecidos no se hace referencia únicamente al ámbito temporal, sino que también al resto de requisitos legales que cualquier candidato a la más alta magistratura debe cumplir, antes de ser juramentado en el puesto. Los requisitos implican circunstancias o condiciones que hacen posible lo que al momento de una elección es apenas probable: que el candidato o la candidata cumplan con suficiencia el mandato que se disponen a ejercer, durante el tiempo definido previamente para hacerlo, y en la jurisdicción que le sea asignada, cuando se trata de la Sala de lo Constitucional, ni más ni menos.

De tal manera que cuando la bancada que apoya incondicionalmente al presidente Bukele, a la que se sumaron sus compañeros de ruta de GANA, PCN y PDC, se limita a designar nombres, con base a la coincidencia en todas las listas partidarias, y no a los méritos que cada candidato podía tener, repitió el mismo reparto de puestos de las legislaturas anteriores, lo que fue reconocido hasta por representantes de la oposición legislativa, evocando ante cámaras lo que hace años fue un secreto a voces.

La única particularidad de esta elección, fue la pretendida intención del oficialismo de imponer como Magistrado hasta el 2030, al que desde el 1 de mayo pasado ejerce de hecho y no por derecho la presidencia del Órgano Judicial, lo que da origen a una serie de interrogantes validas, para cualquiera que observe con detenimiento esta trama.

En primer lugar, llama la atención la ignorancia jurídica de los que tuvieron dicha iniciativa, cuando el texto de la Constitución todavía vigente es tan claro, al menos en lo que al proceso de elección de magistrados se refiere: se renovarán cada tres años por terceras partes. La fórmula como se ve, es fácil de memorizar, y su desconocimiento reviste la suficiente trascendencia constitucional, para que en la Carta Magna se contemple como una causal de inhabilitación de los abogados, es decir, la negligencia e ignorancia grave.

En segundo lugar, habiendo sido electo en el 2015, el mismo Magistrado beneficiado con el cargo debió ser el primero en oponerse a este intento de casi perpetuarlo en el cargo, pues nadie creerá que fue una casualidad que se encontrara desde temprano, y hasta la madrugada del día siguiente en la sede del poder legislativo, acicalado para la ocasión como si de atender a la Corte en pleno se tratara.


Finalmente, aunque se advirtió a tiempo del error que se estaba por cometer, y digo error, pues ya no es posible hablar de inconstitucionalidad, ante la inexistencia de una Sala independiente y competente que la declare, se rectificó como todos sabemos, en medio de las expresiones del resto de aliados políticos del oficialismo, quienes rezumaban desencanto, ante la imposibilidad de dar rienda suelta a su apoyo en favor de semejante propuesta.

No hay duda que el Presidente Bukele está preparando las condiciones para mantenerse en el poder más allá del periodo para el que fue electo, y que concluye el 31 de mayo de 2024. No es extraño que su intento de impulsar el nombramiento de “su” Magistrado Presidente hasta el año 2030, le permitiría gozar de una amplia libertad en el ejercicio de sus funciones, mantener a raya a la Sección de Probidad, y a su favor las decisiones que deba tomar la Corte en pleno, o de sus diferentes Salas, cuando estas conozcan sobre demandas ciudadanas que impugnen actos de su administración.

Pero por el momento, se tendrá que conformar con todo esto y quizás más, hasta junio de 2024, cuando a lo mejor con una nueva Constitución vigente y más del gusto de los poderes de turno, ni siquiera tengamos elecciones de segundo grado, ni de ningún tipo. Bastara con enviar desde Casa Presidencial la lista de los ungidos, quienes casualmente, ya estarán presentes en la otrora casa del pueblo.

El poder alcanza cuando no hay límites para ejercerlo, parece ser el mensaje de Bukele en todo esto.