Opinión

El lesivo fraude procesal  La Fiscalía debe investigar y hacer que quien o quienes cometieron el delito paguen ante la justicia.

Jaime Uises Marinero/ Periodista

miércoles 18, noviembre 2020 • 2:22 am

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El fraude procesal es un delito sancionado con una pena que oscila entre los dos y diez años de cárcel. Este delito sueleser más común de lo imaginable. Actualmente el exfiscalgeneral de la República, Luis Antonio Martínez González y otros abogados son procesados por este delito porque supuestamente crearon falsas pruebas para incriminar a algunas víctimas que, incluso, estuvieron injustamente detenidas o procesadas judicialmente debido a esas “pruebas”.

El Código Penal en su artículo 306 dice textualmente: “El que en el curso de un proceso penal o inmediatamente antes de iniciarse alterare artificiosamente el estado de los lugares o condición de las personas, de las cosas, de los cadáveres con el fin de engañar en el acto de la inspección o reconstrucción judicial, o suprimiere o alterare en todo o en parte lo que acreditare la realidad o verdad de lo que se pretendiere conocer, investigar o probar, para inducir a error  en una actuación o decisión judicial o de la Fiscalía General de la República, será sancionado con prisión de dos a diez años”. Es decir es un delito grave, porque es alevoso y puede provocar severas consecuencias nefastas en contra de quienes son víctimas de esas pruebas falsas.

Traigo a colación lo anterior por un caso escandaloso ocurrido recientemente. Resulta que el lunes 9 de noviembre el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió (declaró inocente) al sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, quien fue acusado por los delitos de agresión sexual en perjuicio de menor y pornografía. Según la acusación el sacerdote agredía a una niña de seis años; sin embargo pese a la gravedad de la acusación la niña declaró en Cámara Gessel y nunca habló de tocamientos en las partes íntimas. Los testigos que declararon a favor del religioso señalaron que él siempre se hacía acompañar de una o varias personas antes de oficiar misa, que es el instante que según la acusación el sacerdote aprovechaba para hacer los tocamientos, además de mostrarle material pornográfico a través de dispositivos electrónicos. Entonces, ante la falta de evidencia o consistencia de la acusación por agresión sexual, el tribunal absolvió al padre Boror.

Por cierto, el religioso, a quien no conozco, seguirá preso porque el 7 de diciembre próximo enfrentará otro juicio por el mismo delito en perjuicio de otras dos víctimas, en condiciones parecidas. Si por este segundo caso es culpable o inocente se sabrá al final del juicio. La sociedad salvadoreña solo quiere que se aplique justicia y si es inocente que se le absuelva y si es culpable que se le condene con el rigor de las leyes.

Lo grave del juicio cuyo fallo fue dado el 9 de noviembre es que el juez anunció un caso de fraude procesal que la Fiscalía debe investigar a conciencia. Resulta que el sacerdote fue detenido el 13 de abril de 2019 y como parte de las pesquisas se le decomisaron tres teléfonos celulares y una computadora. El sacerdote fue llevado a la cárcel donde ha permanecido hasta ahora sin haber tenido contacto con sus teléfonos ni su computadora. El vaciado de información indica que en sus celulares no se encontró nada que lo vinculara con pornografía, pero insolutamente en su computadora si se encontró material pornográfico.


Precisamente el fraude procesal está en lo encontrado en la computadora del sacerdote, pues se encontró material o vínculos pornográficos que fueron subidos con fecha posterior a la detención de Boror Uz; es decir que mientras el religioso estaba preso sin contacto con su computadora alguien subió material pornográfico con la evidente intención de incriminarlo.

Mientras Boror estaba preso sus celulares y su computadora supuestamente estuvieron “embalados” ya sea en poder de la PNC o de la Fiscalía, lo cual se debe de determinar tras una investigación, pues alguien por intención propia u obedeciendo algún lineamiento u orden creo falsas evidencias para afectar al padre guatemalteco. El caso no es tan simple como para merecer pasar desapercibido. La Fiscalía debe investigar y hacer que quien o quienes cometieron el delito paguen ante la justicia para que esta nefasta práctica que aún se ejecuta termine de una vez por todas.

Conocemos casos de policías que colocan drogas  y armas a algunas personas cuando realizan cateos sin resultados esperados, testigos que mienten o declaran falsedades asesorados por las partes, policías de tránsito que imponen esquelas inventando faltas, fiscales que crean casos inexistentes. En fin, el fraude procesal hay que perseguirlo y castigarlo.