El Estado salvadoreño ha inobservado su deber de generar condiciones legales para la protección de personas defensoras de derechos humanos, aun cuando en el país se han dado casos de persecución, amenazas, intimidación, criminalización e incluso asesinatos. Esta deuda la lleva principalmente la Asamblea Legislativa actual, que ha tenido en sus manos una propuesta de ley específica desde el 2018 sin que haya habido la voluntad política necesaria desde todas las fracciones legislativas para avanzar en la misma.

Opinión

El Estado en deuda con la protección a personas defensoras de los derechos humanos

Celia Medrano / Defensora de Derechos Humanos @celiamedrano15

martes 23, marzo 2021 • 12:00 am

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El Estado salvadoreño ha inobservado su deber de generar condiciones legales para la protección de personas defensoras de derechos humanos, aun cuando en el país se han dado casos de persecución, amenazas, intimidación, criminalización e incluso asesinatos. Esta deuda la lleva principalmente la Asamblea Legislativa actual, que ha tenido en sus manos una propuesta de ley específica desde el 2018 sin que haya habido la voluntad política necesaria desde todas las fracciones legislativas para avanzar en la misma.

La necesidad e importancia del papel que tienen las personas y colectivos que defienden los Derechos Humanos debería ser indiscutible. Desde el más alto nivel este papel debe ser reconocido. Sin embargo, en informes recientes de instancias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y los sistemas universal e Interamericano de Derechos Humanos coinciden en manifestar su preocupación porque en El Salvador es desde el más alto nivel que se irrespeta, violenta y se pone en riesgo el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos.

Un defensor o defensora de derechos humanos es una persona que, individualmente o junto con otras, se dedica a promover o proteger estos derechos. La Declaración internacional sobre los defensores de los derechos humanos empezó a elaborarse en 1984 y fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1998. La Declaración se dirige no sólo a los Estados, sino a todas y todos. Nos dice que todos tenemos una función que desempeñar como defensores y defensoras, asignando, entre otros, el derecho a organizarse, asociarse, expresarse libremente y a presentar a los órganos y organismos gubernamentales e instancias estatales críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, así como llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos.

A la defensa y promoción de los derechos humanos, le asiste también los derechos a contar con los recursos eficaces para desarrollar sus actividades, así como el de asistir a las audiencias, procedimientos y juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Deben contar además con las condiciones para dirigirse sin trabas a las organizaciones estatales e intergubernamentales y a comunicarse sin trabas con las mismas. Es decir, a que no se interfiera ni se obstaculice su labor.

Es responsabilidad de los Estados garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos. La Relatoría de Personas Defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, ha señalado que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores/as de Derechos Humanos, o bien que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal.

Pese a los ajustados tiempos actuales, debe instarse a los y a las diputadas/dos de la actual legislatura para que aprueben la Propuesta de Ley para el Reconocimiento y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. Es injustificable que a estas alturas no lo hayan hecho aún. Arrastran una deuda imperdonable que deja desprotegido, desde una normativa específica, el ejercicio del derecho a defender derechos.