El nuevo Presidente y la clase dirigente (cúpulas políticas, altos burócratas, gremiales privadas y sociedad civil independiente organizada) tienen el deber ético de promover gobernabilidad, que el expresidente del Congreso del Perú, Henry Pease García, definió como “la capacidad de que dispone un gobierno de ser obedecido, sin violentar las reglas del juego democrático y sin que la amenaza de ruptura de éste por otro actor social o político, resulte convincente para el futuro de la sociedad”.

Opinión

El desafío de alcanzar gobernabilidad

Jorge Castillo / Politólogo

lunes 18, febrero 2019 • 12:00 am

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El nuevo Presidente y la clase dirigente (cúpulas políticas, altos burócratas, gremiales privadas y sociedad civil independiente organizada) tienen el deber ético de promover gobernabilidad, que el expresidente del Congreso del Perú, Henry Pease García, definió como “la capacidad de que dispone un gobierno de ser obedecido, sin violentar las reglas del juego democrático y sin que la amenaza de ruptura de éste por otro actor social o político, resulte convincente para el futuro de la sociedad”.

Diálogo social y búsqueda de consensos no deberían ser quimeras, sino mecanismos válidos para lograr entendimientos en un tejido social polarizado.

Lo que de ninguna manera significa ponerse aguados a la hora de enfrentar el monstruo de mil cabezas llamado corrupción política, que hoy en día los audios de medios digitales sacan a luz.

Para lograr gobernabilidad hay que introducir ajustes necesarios en el funcionamiento del sistema político. Esto requiere voluntad política en sectores y en actores. Esa voluntad no es compatible con la soberbia ni arrogancia que suelen tener quienes carecen de la mínima solvencia ética para insultar al presidente electo, como lo hace el patán exalcalde de Mejicanos. Nos guste o no, es el Presidente de todos los salvadoreños.

Al referirse a la soberbia, José de San Martín la entendió a la perfección en el tiempo que le tocó vivir: “es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”. Un poder que es temporal y circunstancial.

La soberbia y arrogancia de algunos conduce a que los pueblos se cansen, tan es así que a partir del 1 de junio un ciudadano antisistema hegemonizará legal y legítimamente la conducción del Órgano Ejecutivo. Eso conlleva desafíos, desde una transición transparente (deuda recibida, ejecución presupuestaria y plazas reales) para arrancar esfuerzos en pro de una gobernabilidad democrática. Su mayor obstáculo es la corrupción generalizada. Negarlo sería un chiste.


De ahí la importancia que reviste el pleno fortalecimiento de las instituciones y organismos del sector público, cuya misión constitucional y legal ha sido debilitada por la desvergonzada corrupción política.

Instituciones como la Presidencia de la República y su rincón más oscuro, el Organismo de Inteligencia de Estado; la Fiscalía General de la República, en la época en que estuvo bajo la conducción de un sujeto que hoy en día guarda prisión; la Corte de Cuentas de la República, en los períodos en que las magistraturas eran cuotas irrefutablemente compartidas entre el PCN, ARENA y PDC, responsables de la extensión de “finiquitos express” y de la ejecución de auditorías muy privadas (sin visitar el ente auditado) a los gastos reservados de la Presidencia de la República; el Tribunal de Ética Gubernamental, que exonera a quienes no debería exonerar porque es un alacrán sin chuzo; el nepotismo descarado y denunciado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; y las movidas, encubrimientos, entorpecimientos e irregularidades en tantas otras entidades públicas, vuelven imperativa una reingeniería estatal.

Al mirar los ambiciosos mega proyectos del Presidente electo y contrastarlos con aquellas crudas realidades, cunde el pesimismo porque podrían enfrentarse con la deshonestidad, mediocridad e incompetencia con la que se ha administrado la cosa pública.  ¿Quién podría negar la parálisis en el puerto de La Unión; la danza de millones sustraídas del erario nacional por Saca, Funes y Asociados; el delictivo rol de la banca al hacerse de ojo pacho ante millonarias transacciones; los sobresueldos a funcionarios públicos y privados? Pura descomposición y podredumbre que frenan la gobernabilidad.

Es imperativo ordenar la casa (Ejecutivo) y dar el ejemplo a los otros dos órganos fundamentales de gobierno. Nunca la sociedad civil independiente organizada, daría la espalda a un gobierno que encargue una auditoría de plazas a una firma independiente, por tanto, confiable.  Sin orden y transparencia no será posible sentar bases sólidas para alcanzar la gobernabilidad democrática que demanda el país.