La gratitud, según la Real Academia Española, es el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder de alguna manera. Se afirma que la gratitud es un valor que se nutre y fortalece al practicarlo constantemente. Los libros de moral, ética, religión nos la imponen como un deber; y en nuestros hogares y escuelas, desde nuestros primeros pasos, nos enseñan a dar las gracias por atenciones o servicios recibidos.

Opinión

El deber de ingratitud

Juan Antonio Durán Ramírez / Juez y profesor universitario

lunes 6, septiembre 2021 • 12:00 am

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La gratitud, según la Real Academia Española, es el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder de alguna manera. Se afirma que la gratitud es un valor que se nutre y fortalece al practicarlo constantemente. Los libros de moral, ética, religión nos la imponen como un deber; y en nuestros hogares y escuelas, desde nuestros primeros pasos, nos enseñan a dar las gracias por atenciones o servicios recibidos.

Además de saludable para el espíritu, el agradecimiento es muy apreciado a nivel interpersonal y social, en los distintos ámbitos de nuestra vida; y contribuye a sobrellevar nuestro diario existir. Tampoco nos resulta caro pues no implica costo alguno: dar las gracias no nos quita tiempo ni espacio, mucho menos dinero; y pese a ser tan fácil de dar, en ocasiones nos dejamos invadir por la arrogancia, la indiferencia, las preocupaciones y afanes diarios. Es sencilla de pronunciar y escribir, y junto a una sonrisa, puede llegar a alegrarle el día a quien la recibe.

La gratitud no consiste en pagar un favor, con ello se desnaturaliza su esencia y se vuelve negocio; por el contrario, consiste en corresponder el afecto con actitud amable y positiva; y, además, trae grandes recompensas. Sin embargo, tratándose de jueces (extensible a todos los servidores públicos), ese agradecimiento no solo tiene limitaciones, sino que se impone actuar de manera contraria a la que nos hemos referido antes, dada la función pública que se ejerce, pues de lo contrario, caemos en el clientelismo y pago de favores.

El deber de ingratitud es un deber de todo juez y magistrado, respecto de quienes lo nombraron o contribuyeron en su elección y nombramiento. Formulado por el magistrado Robert Badinter al ser elegido por el presidente François Mitterrand como Presidente del Consejo Constitucional francés (1986-1995), con quien tenía lazos previos muy sólidos, demostró en sus nueve años como magistrado, ese principio que enunció.

El deber de ingratitud encierra una de las garantías de independencia e imparcialidad que debe tener todo juez. El juez no debe pagar o recompensar a quien lo eligió, por el favor, ayuda o apoyo al ser electo. Más bien, se debe únicamente a la Constitución y la Ley.

Hay muchísimos casos históricos, que evidencian el deber de ingratitud: el chief justice Earl Warren (1953-1969), de la Suprema Corte estadounidense, fue propuesto por el Presidente Dwight “Ike” Eisenhower, y demostró ese deber de ingratitud con importantes fallos en la década de los 50s y 60s, en favor de los derechos civiles y políticos de los estadounidenses, aun en contra de los intereses que representaba el Presidente y los grupos de poder que le apoyaban. Al punto que el Presidente “Ike”, al ser interrogado por un periodista al final de su mandato, sobre cuál había sido su mayor error durante su periodo, no dijo haber perdido la guerra de Corea, sino haber nombrado a Earl Warren como Presidente de la Suprema Corte.


Mejor “Corona” no se puede merecer un juez: demostrar con sus actuaciones y decisiones la independencia e imparcialidad frente al poder, y actuar en favor de los derechos de las personas y del Estado de Derecho.

Es mi deseo, que todos los jueces y magistrados,  en especial quienes integran la más alta magistratura de la Justicia, sepan hacer valer el deber de ingratitud que encierra el principio de separación de poderes e independencia judicial, pilares del Estado de Derecho.