Opinión

El costo de la politiquería

Ricardo Castaneda A. / Economista sénior

jueves 19, noviembre 2020 • 12:49 am

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Al no haber probado el producto original de la política, nos hemos tenido que conformar con su imitación de muy mala calidad: la politiquería. Los ataques viscerales, la vulgaridad o la improvisación son sus características. Los casos de corrupción son parte de sus accesorios y se aceptan sin ni siquiera mostrar desagrado. En un país, como El Salvador, con tantas honduras, para algunos es, incluso, un producto divertido.

No importa estar en medio de una pandemia, no importa estar en medio de una de las peores crisis económicas, no importa el luto y el dolor. Nadie exige propuestas para avanzar en el desarrollo, reduciendo la pobreza, las desigualdades, la falta de educación, el desempleo o el hambre. Nada parece inmutar a una sociedad que está tan acostumbrada y resignada con la politiquería. Y cuando alguien se atreve a darle un poco de sensatez al debate, se recurre al insulto y a la descalificación. El detalle es que la politiquería es un producto cuyo costo es carísimo y que quienes lo terminarán asumiendo, como siempre, es toda la población, pero especialmente la más pobre.

Un ejemplo de ello es el Fideicomiso para la Recuperación Económica de $600.0 millones, que se iba a financiar con más endeudamiento. Lo lógico y hasta obvio era que esos recursos se gestionaran rápidamente con organismos multilaterales con bajas tasas de interés y periodos de gracia. Pero no, luego de tantos meses, en el que ya muchas empresas quebraron, se anunció que iba a empezar a funcionar con recursos provenientes de Cetes —instrumento de deuda de corto plazo—, que se colocaron a una tasa de 7.5% y se deben pagar en menos de un año. ¿Quién va asumir el costo del diferencial entre esa tasa de los Cetes y la que se les va a prestar a la empresa? ¿Quién va a asumir el costo de los subsidios de las planillas? Todas las personas a través del pago de sus impuestos, pero especialmente los más pobres por medio del pago del IVA, que es la principal fuente de recaudación del Estado.

Otro ejemplo. A finales de julio se decidió salir a colocar $1,000.0 millones en bonos en mercados internacionales, a pesar de que, por el riesgo que tenía el país, la tasa de interés que se iban a encontrar sería altísima. Y así fue, una tasa de 9.5% a un plazo de 32 años. Es decir que cada año, desde 2021 hasta 2052, solo por esa colocación de deuda se tendrán que desembolsar USD95.0 millones (el mismo presupuesto que tendría la Universidad de El Salvador para el próximo año). ¿Quién va a pagar ese alto costo? Toda la población, pero especialmente los más pobres, no solo con el pago de impuestos sino con reducciones de los bienes y servicios públicos que afectarán su bienestar.

Por cierto, ¿por qué es que en El Salvador se paga una tasa de interés tan alta? Porque su nivel de endeudamiento es muy alto, pero también por la politiquería que anticipa a los inversionistas un futuro poco promisorio para el país: enfrentamientos estériles, incapacidad de dialogar, irrespeto al Estado de derecho y sobre todo la falta de claridad de cuál es el plan para corregir el rumbo del país.


Ahora que está en su fase de discusión el presupuesto para 2021, y en el marco de una campaña electoral, la posibilidad de caer en la politiquería nuevamente es muy alta. Sin embargo, para un país con las características como las de El Salvador, el presupuesto público es el único salvavidas que se tiene para no hundirse. Es indispensable abandonar la politiquería y abrazar la política, esa que con argumentos técnicos es capaz de lograr acuerdos en beneficio de la mayoría de la población. Para ello, es importante corregir las deficiencias técnicas que tiene, pero también la voluntad política para priorizar las inversiones sociales y productivas y la eliminación de gastos innecesarios y no prioritarios.

El paso que ha dado la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para que instituciones no gubernamentales puedan participar y dar sus recomendaciones es plausible y debe reconocerse, ahora falta por asegurar que no habrá negociaciones fuera de la Comisión de Hacienda, como ha sido la práctica histórica, pues de lo contrario el costo de la politiquería continuará siendo demasiado alto.