Sulen Ayala Córdova es una abogada, tuitera, crítica del gobierno actual, originaria de Apopa, departamento de San Salvador. Nació el 21 de septiembre de 1977, licenciada en ciencias jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado, máster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella ha participado en organizaciones como la Cruzada Pro Paz y Trabajo y Defensa Ciudadana de la Democracia (Decide) y se declara defensora de la democracia.

Política

“El 9 de febrero decidí involucrarme en política partidaria”

Yolanda Magaña

jueves 13, agosto 2020 • 12:01 am

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Sulen Ayala Córdova es una abogada, tuitera, crítica del gobierno actual, originaria de Apopa, departamento de San Salvador. Nació el 21 de septiembre de 1977, licenciada en ciencias jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado, máster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella ha participado en organizaciones como la Cruzada Pro Paz y Trabajo y Defensa Ciudadana de la Democracia (Decide) y se declara defensora de la democracia.

 

¿Cómo decidió ser candidata a diputada?

Al ver militarizada la Asamblea Legislativa el #9F y ver que los diputados de la oposición salieron a esconderse y no se plantaron firmes para enfrentar al tirano, sino que comenzaron a ceder en lo que solicitaba, sentí que no me estaban representando y que, con esa actitud de miedo, no iban a poder defender nuestros principios democráticos. Ese día, decidí involucrarme en política partidaria, para ser yo la generadora de los cambios que busco para el país.

 

¿Qué propuesta que la diferenciará del resto?


Soy una ciudadana que viene de trabajar con movimientos de la sociedad civil, no vengo de adoctrinarme en las filas de ningún partido político, mi compromiso es con la defensa de los principios democráticos, el fortalecimiento de las instituciones, de la transparencia y del combate a la corrupción, comenzando desde casa, es decir, desde el partido al cual represento. También le apuesto a promover leyes en materia digital, para innovar al Estado.

 

¿Qué plan propone para aumentar los ingresos del Estado?

Lo que noto no es un gasto social, un gasto social implica una inversión que se traduce en un beneficio para el país. Por ejemplo, al brindar educación de calidad a sectores vulnerables, se regresa el gasto en mejores profesionales y mejoras a la economía. Lo que estamos presenciado son medidas populistas. Lo que noto es un gasto desmedido, debido a que el Estado cada vez es más y más grande y requiere de más recursos para funcionar, entre más grande es un Estado, más propenso se vuelve a la corrupción y así no hay dinero que alcance.

Soy de la opinión de que hay que reducir el tamaño del Estado, volverlo técnico, eficiente y austero, haciendo esto se tendrían más recursos disponibles para destinarlos a brindar más y mejores servicios públicos, como la educación, salud y seguridad.

 

¿Es posible disminuir la planilla legislativa?

Claro que es posible disminuirla, pero se requiere voluntad para hacerlo, yo comenzaría haciendo la propuesta de indemnizar a los empleados que tengan algún parentesco con los diputados y congelar esas plazas. La situación económica del país el próximo año será tan grave, que los funcionarios y empleados públicos de todos los Órganos del Estado e instituciones autónomas, tendrán que demostrar empatía y solidaridad con el resto de la población, haciendo sacrificios, como están haciendo muchas empresas actualmente, porque se trata de dinero público que costará mucho ganar.

 

¿Usted aceptará el presupuesto que da la Asamblea para contratar asesores?

Considero que estoy apta y capacitada para el cargo, pero eso no significa que no requiera apoyo técnico adicional, si estando en el cargo considero que tengo un excedente y decido no aceptarlo, tendré que asegurarme a donde terminará ese dinero, si regresa al Fondo General de la Nación, estaría bien; si queda en la Asamblea, mejor lo destino yo misma a un programa de becas de estudio para atletas. Pero también estoy de acuerdo en que los funcionarios y empleados públicos se descuenten por ley, un porcentaje de su salario, para destinarlo a la emergencia.