José Antonio Almendáriz Rivas ha sido diputado del PCN desde 1997. Es teniente coronel retirado de la Fuerza Armada.

Política

EEUU designa a Almendáriz como violador de derechos humanos y lo veta de ingresar a ese país Lo señalan por la ejecución extrajudicial de la médico española Begoña García, ocurrido en 1990 durante la guerra civil.

Álvaro Cruz Rojas

jueves 10, diciembre 2020 • 11:34 am

Compartir

El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó hoy al diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), José Antonio Almendáriz Rivas, por su participación en una flagrante violación de los derechos humanos y lo vetó de ingresar a ese país tanto a él como a su familia inmediata.

En un comunicado del Departamento de Estado, Estados Unidos señala a Almendáriz como el autor de la ejecución extrajudicial de la doctora Begoña García de Arandigoyen, de nacionalidad española, el 10 de septiembre de 1990 en El Salvador, durante la guerra civil. El exmilitar ha sido diputado de forma continua desde 1997 del PCN por el departamento de Sonsonate, un cargo que le da inmunidad.

" Esta acción también se aplica a los miembros de su familia inmediata", dice el comunicado.

"Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos perpetrados por ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por actores gubernamentales y no gubernamentales. Las acciones de hoy subrayan nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso con la justicia para las víctimas y la promoción de la rendición de cuentas de los perpetradores al servicio de una paz justa y duradera en El Salvador", señala el comunicado.

Almendáriz Rivas, tuvo el grado de Teniente Coronel en al Fuerza Armada y estaba designado en la Segunda Brigada de Infantería de Santa Ana cuando ocurrió el asesinato de García de Arandigoyen, de 24 años.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, García Arandigoyen fue ejecutada extrajudicialmente por efectivos de la Cuarta compañía BIC Pipil de la Segunda Brigada de Infantería, al mando inmediato del teniente coronel Roberto Salvador Hernández García y el mando superior del teniente coronel del Ejército, José Antonio Almendáriz Rivas. Dichos oficiales encubrieron el hecho con la colaboración de la tercera Comandancia de la Policía Nacional, unidad de Santa Ana, y los peritos y autoridades judiciales que participaron en el reconocimiento del cadáver.


García Arandigoyen ingresó al país en septiembre de 1989 para colaborar como médico de la entonces guerrilla del FMLN. Fue ejecutada luego de su captura el 10 de septiembre de 1990.

Según un informe pericial de la Comisión de la Verdad, García Arandigoyen fue capturada y ejecutada. La autopsia hecha en España describe heridas  inconsistentes con heridas ocurridas en combate y que son típicas de heridas producto de la ejecución. La herida en la nuca a la base del cráneo y otra en el pecho superior fueron resultado de un disparo a pocos centímetros de distancia.

Almendáriz Rivas se suma a otros 13 salvadoreños recientemente designados bajo la disposición legal 7031c por su participación en graves violaciones a los derechos humanos.

Los otros 13 salvadoreños son los exmilitares salvadoreños involucrados en la planificación y ejecución de las ejecuciones extrajudiciales de seis sacerdotes jesuitas y otros dos refugiados en el centro pastoral jesuita el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Americana de El Salvador:  Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra , Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Angel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio. Ellos fueron incluidos en esa disposición en enero de este año.

Almendáriz fue incluido en esa disposición junto a seis oficiales jamaiquinos involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de cuatro personas en 2003, así como a un jefe policial de la provincia china de Xiamen por violaciones a los derechos humanos del grupo religioso Falun Gong.