El juicio contra José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo” y otros cuatro imputados más acusados de lavado de dinero y activo por más de $132 millones, se reanudó ayer y correspondió a la Fiscalía General de la República plantear la acusación, quien afirmó que hay indicios suficientes  que se sustentan en investigaciones anteriores, que los $500 millones que esta familia presumiblemente movió en el sistema financiero del país, tenían su origen en el narcotráfico, entre otras fuentes desconocidas.

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Dinero lavado por “Chepe Diablo” podrían provenir del narco: FGR La fiscalía también señala que no hay origen de fondos para crear Gumarsal y que Hotesa S.A. de C.V., tenía más ganancias que clientes, situaciones que los hicieron sospechar.

Jaime López

martes 10, noviembre 2020 • 5:15 am

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El juicio contra José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo” y otros cuatro imputados más acusados de lavado de dinero y activo por más de $132 millones, se reanudó ayer y correspondió a la Fiscalía General de la República plantear la acusación, quien afirmó que hay indicios suficientes  que se sustentan en investigaciones anteriores, que los $500 millones que esta familia presumiblemente movió en el sistema financiero del país, tenían su origen en el narcotráfico, entre otras fuentes desconocidas.

Sin embargo, por factibilidad del proceso, los imputados son  enjuiciados en Tribunal Segundo de Sentencia por el delito de lavado de dinero y activos; el cual es respaldado por una pericia financiera contable de los años 2003 a 2017.

La Fiscalía no descarta que varios millones restantes hayan salido rumbo a Panamá como paraíso fiscal,  y que se habrían justificado en una sociedad denominada “Cultivando El Progreso”, que agrupa a dos sociedades “offshore”  fundadas entre 2014 y 2016.

“En todas las personas involucradas se determinó que se movieron más de $500 millones, pero de esto se determinó que de los ingresos de origen desconocido como la fuente de estas diferentes actividades, está la evasión de impuesto; indicios en investigaciones que ha existido sobre narcoatividad, pero formalmente la acusación es por el delito de lavado de dinero como fuente generadora evasión de impuestos. Esta evasión de impuesto se estimado en más de $132 millones”, afirmó uno de los fiscales del caso.

Los procesados son el empresario hotelero José Adán Salazar Umaña, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, además a miembros de su grupo familia: Susana Nohemí Salazar, Remelia Guerra Argueta y Sara Paz Martínez.

Otros cuatro imputados que se encuentran en calidad de rebeldes son Tránsito Ruth Mira de Guerra y Miriam Haydée Salazar de Umaña, José Adán Salazar Martínez y Wilfredo Guerra.


“El crecimiento que han tenido estas sociedades y empresas se ha dado por todas las operaciones inusuales”. Fiscal del caso

La Fiscalía asegura que ellos junto a las sociedades crearon Industrias Gumarsal, Hoteles Salvadoreños (Hotesa), y compraron gasolineras en total, las sociedades suman 32, con las que realizaron la estructuración y estratificación de esos fondos para ocultar el origen.

La red de hoteles de Umaña registraba ganancias sobre el sector.

Capital de Gumarsal

Por ejemplo, la Fiscalía afirmó que Agroindustrias Gumarsal, situada en San Juan Opico, La Libertad, fue fundada por José Adán Salazar Umaña, su hijo José Adán Salazar Martínez,  Juan Umaña y Wilfredo Guerra y  en el año de 1997 con un capital de $150,000 fondos que no se han probado su origen.

 

Hotesa sin ganancia.

“El crecimiento que han tenido estas sociedades y empresas; se ha dado por todas las operaciones inusuales. El comportamiento de las variaciones inusuales del patrimonio, los aumentos abruptos son algunas de las razones por las cuales no es coherente ese crecimiento de Hoteles Salvadoreños con el sector hotelero en el periodo analizado”, afrimó el fiscal.

Como ejemplo, citó el caso de la tasa de crecimiento de Hotesa en 2009 muy por encima del sector hotelero nacional, mientras la ocupación era muy por debajo de los demás del sector, de ahí que surgieron las sospechas.

La pericia financiera contable que paralelamente se complementó con otro estudio hotelero dejó en evidencia una serie de inconsistencia: que en 2013 el 69.70 % del sector hotelero salvadoreño fue ocupado, mientras que Hotesa solo alcanzó una ocupación de 17.28%. En el 2008 el hotel Capital albergó solo al 27.45 % y el promedio de ocupación hotelera del país fue 59 %. Reportes del Ministerio de Turismo revelaban que en 2009 el promedio de crecimiento hotelero fuedel 2 %; sin embargo, Hotesa registraba un 11.30 %, equivalente a 5.66 veces más que todo el sector, mientras en los últimos cinco años las utilidades en los hoteles de la familia Umaña Salazar se quintuplicaron y facturaron $3.8 millones.

La familia Umaña Salazar y Umaña Samayora han sido procesadas por varios delitos en fechas distintas entre ellos contrabando de mercadería, negociaciones ilícitas y evasión fiscal pero cuando los fiscales avanzaban para seguir por lavado de dinero y activos, el exfiscal Luis Martínez ordenó que el caso fuera archivado y desarticuló al grupo de fiscales para que no siguieran con el proceso y fue hasta que llegó el exfiscal Douglas Meléndez que reabriò el proceso que actualmente está en curso.

El abogado defensor, Gerardo Cisneros cuestionó el respaldo jurídico de la acusación de la Fiscalía contra sus clientes. "Es imposible que en El Salvador se pueda acusar  por lavado de dinero por evasión de impuestos", delito que ya fue juzgado y en el que se dictó sentencia definitiva

Cisneros dijo que el método para la elaboración del informe de la pericia financiera en contra de los acusados no permite llegar a conclusiones como las establecidas por Fiscalía porque los datos son incompletos, ambigüos, sesgados que no permiten llegar a la verdad de los hechos.

En ese sentido, el defensor aseguró que ellos controvertirán la pericia de la Fiscalía con dos más que en el transcurso del proceso van a detallar.

El abogado Iván Machuca expresó que existe cero existencia de leyes probatorias que sustentes la hipótesis de la Fiscalía; al tiempo que destacó que por cada afirmación fiscal  se necesitan pruebas no argumentos.