Tras cuatro años, el caso aún no ha llegado a juicio. / DEM

Nacionales

Designan tribunal para que haga juicio contra Luis Martínez En esta causa penal fueron separados el empresario Enrique Rais, el exjuez Romeo Giammattei y otros tres imputados.

Juan Carlos Vásquez

martes 12, mayo 2020 • 12:02 am

Compartir

Por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador deberá enjuiciar al exfiscal general, Luis Martínez; al exjefe de Intereses del Estado, Julio Arriaza, y al abogado Héctor Francisco Grimaldi Membreño, señalados por la Fiscalía General de la República de delitos de corrupción vinculados al empresario Enrique Rais.

Esta causa penal fue judicializada el 28 de agosto de 2016 y debido a que tribunales comunes y especializados se declararon incompetentes, el caso lleva casi cuatro años y no se ha definido la situación jurídica de los imputados.

Luis Martínez enfrenta los delitos de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones  o documentos secretos por empleado oficial; Julio Arriaza enfrentará el juicio por actos arbitrarios y el abogado Grimaldi Membreño, por fraude procesal.

Este proceso judicial surge de una investigación por una serie de actuaciones de corrupción que supuestamente fueron cometidas para favorecer a los empresarios Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais.

Además de los tres imputados, este caso se inició en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador en contra de los empresarios Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais, el abogado Ernesto Gutiérrez; el exjuez Noveno de Paz, Romeo Aurora Giammattei y el exjuez suplente Noveno de Paz, Mauricio Antonio Álvarez. Estos cinco imputados son prófugos y en la audiencia preliminar fueron separados del proceso.

Los hechos se originan cuando supuestamente el empresario Enrique Rais, con la ayuda del exfiscal general Luis Martínez, fabricaron prueba falsa para acusar a Claudia María Herrera, esposa de Mario Calderón, exabogado de Rais.


En la resolución de la audiencia preliminar el Juzgado Octavo de Instrucción mandó el caso a vista pública y la Oficina Distribuidora de Procesos asignó el caso al Tribual Primero de Sentencia de San Salvador, pero los jueces una resolución de incompetencia mandaron el expediente a un juzgado especializado por considerar que era un caso de crimen organizado