Nadie que sea víctima de extorsión debe callar. Todos debemos saber que este delito es el más fácil o uno de los más fáciles de comprobar en los tribunales de justicia en el país. Obviamente para aplicar justicia en este tipo de delitos se necesita de algo muy fundamental; la denuncia ciudadana ante las autoridades respectivas.

Opinión

Denunciemos las extorsiones

Jaime Ulises Marinero / Periodista @ulisesmarinero

martes 8, junio 2021 • 12:00 am

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Nadie que sea víctima de extorsión debe callar. Todos debemos saber que este delito es el más fácil o uno de los más fáciles de comprobar en los tribunales de justicia en el país. Obviamente para aplicar justicia en este tipo de delitos se necesita de algo muy fundamental; la denuncia ciudadana ante las autoridades respectivas.

El Artículo 214 del Código Penal salvadoreño sanciona con una pena de prisión que oscila entre diez y 15 años de cárcel el delito de extorsión y aumenta en cinco años más cuando la extorsión es agravada; es decir la pena máxima por este delito sube a 20 años de prisión.

Se agrava el delito de extorsión cuando es cometido por una agrupación ilícita (las pandillas por ejemplo); cuando se utiliza a menores (para recoger o pedir el dinero); cuando el delito se ordena o se planifica desde un centro penal o desde el extranjero; cuando el victimario es pariente hasta en cuarto grado de la víctima; si el victimario se aprovecha de la confianza de su víctima;  cuando el hecho es cometido por un funcionario público o autoridad pública (estén  o no en funciones); y cuando se amenaza de muerte, privación de libertad, lesión, secuestro o daños a la víctima, su cónyugue o parientes hasta en cuatro grado de consanguinidad.

Cuando un extorsionista es denunciado y capturado se le lleva a los tribunales y mediante prueba certera se le impone la pena de prisión de acuerdo a la cantidad de casos. Por eso es que en algunos fallos hay extorsionistas que reciben hasta 100 años o más años de prisión, pues resulta que han extorsionado a muchas víctimas en casos separados.

Muchos salvadoreños nos hemos acostumbrado a la extorsión y la vemos con demasiada normalidad. Pequeños comerciantes hasta tienen presupuestado el dinero para los extorsionistas, la mayoría miembros de pandillas. Es el caso del centro de San Salvador, donde los comerciantes pagan a diario sendas extorsiones a los grupos terroristas que a la vez utilizan a otros pequeños comerciantes como sus colaboradores. Conocí el caso en la colonia San Judas de Ciudad Delgado donde el principal extorsionista fue apresado por otros delitos, pero casi de inmediato apareció otro pandillero como responsable de cobrar el dinero. Ahí no se escapa nadie, paga desde la vendedora de tortillas hasta quien tiene un taller. Todos los comerciantes son víctimas, pero nadie se atreve a denunciar.

Los salvadoreños tenemos que romper el miedo a denunciar y confiar en las autoridades policiales, fiscales y de justicia. El sistema judicial funciona cuando todo se activa con una denuncia. La Policía Nacional Civil  y la Fiscalía  General de la República tienen protocolos que permiten proteger a las víctimas y lograr detenciones en flagrancia de extorsionistas mediante seguimientos y entregas controladas. En los tribunales se protege la identidad de las víctimas, los testigos declaran protegidos y hasta con dispositivos electrónicos para distorsionar su voz, en ocasiones hay adelanto de testimonios para no exponer a las víctimas y testigos. En fin, hay una serie de garantías legales que permiten proteger a quienes son víctimas de los extorsionistas.


Algunas personas no confían en las autoridades porque los extorsionistas suelen amenazar con hacerles daño si los denuncian asegurando a sus víctimas que ellos tienen contacto dentro de la PNC. Pues en la mayoría de ocasiones es solo una forma de amedrentar, la institución cuenta con expertos en investigar estos casos, además la denuncia debe hacerse paralelamente en la Fiscalía. No nos dejemos amedrentar por las amenazas de los extorsionistas.

En muchas colonias o comunidades llegan personas adultas o niño con un teléfono y obligan a los dueños de pequeños negocios a contestar una llamada que alguien hace supuestamente desde un penal o el extranjero. No hay motivo para aceptar esas llamadas y cuanto antes se debe denunciar a la PNC. No debemos ser tan permisivos con este tipo de delincuentes, debemos medir la situación para analizar la exposición al peligro de nuestra familia, tomar las debidas precauciones y denunciar.

Solo la semana pasada los tribunales ordinarios de San Salvador condenaron en el ciento por ciento de los juicios instalados por extorsión. Es decir, hubo 14 juicios y 14 condenas. Desde luego no son condenas antojadizas, sino juicio en los que se presentaron testimonios, fotografías, intervenciones telefónicas, comprobación de billetes seriados y otras pruebas periféricas que inician cuando la población se atreve a denunciar. Denunciemos las extorsiones, es un delito fácil de comprobar que casi siempre termina con condena.