Zaira Navas, representante de Cristosal, y Otto Flores, de Azul Originario, piden a la FGR iniciar una investigación para delegar responsabilidades. /Foto: Gabriel Aquino.

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Denuncian ante FGR la privación de libertad de Mario Gómez, crítico de adopción del bitcoin El 1 de septiembre, Mario Gómez fue detenido por policías y llevado a delegaciones sin orden de captura. Defensores aseguran que pondrán a prueba el sistema.

Gabriela Villarroel/Gabriel Aquino

martes 21, septiembre 2021 • 2:00 pm

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Las organizaciones de derechos humanos Cristosal y Azul Originario presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la privación de libertad de Mario Gómez, experto en informático y criptomonedas, crítico de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.

Según denunciaron los abogados defensores, la captura del activista se realizó de forma arbitraria y en medio de un procedimiento lleno de irregularidades. La detención, indican, fue debido a brindar su opinión técnica sobre las desventajas de la implementación del bitcoin.

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Zaira Navas, abogada defensora y representante de Cristosal, aseguró que Gómez fue detenido "de manera arbitraria y con engaños", luego llevado a las bartolinas de la delegación Montserrat, sin que se le permitiera hablar con sus abogados y decomisándole sus teléfonos de trabajo y personal sin levantar ningún acta.

Posteriormente fue trasladado a la Dirección Central de Investigaciones sin que se haya emitido una orden de detención, sin que se haya notificado la razón de la detención". Zaira Navas, defensora.

Para Navas, este procedimiento fue una privación de libertad que debe ser investigada por la Fiscalía. "Estamos poniendo a prueba el sistema de justicia y a la Fiscalía", añadió.

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Otto Flores, defensor representante de AZO, aseguró que la denuncia está sustentada en hechos de conocimiento público e información recolectada por la querella, y se basa en el artículo 290 del Código Penal, sobre la privación de libertad de parte de funcionarios.

Art. 290.- El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que fuera de los casos señalados por la ley, realizare, acordare, ordenare o permitiere cualquier privación de libertad de una persona, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo respectivo por el mismo tiempo. 

 

Nuestro mayor interés es demostrar que el joven Mario no tenía orden de detención en su contra. No había motivo por el cual utilizar un procedimiento que socavara su derecho (...) El Código Procesal Penal establece de forma clara cómo se realiza una incautación, cosa que la policía en este caso no hizo". Otto Flores, defensor.

La defensa alegó, además, que la Fiscalía sigue sin notificar oficialmente sobre algún delito o investigación en contra de Mario Gómez.

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Navas agregó que el fiscal de Patrimonio llegó a la DCI el día de la detención, el 1 de septiembre, y dijo que "no tenía conocimiento de qué se trataba" el procedimiento. "Hay suficientes elementos para creer que se trata de una intimidación", agregó.

Nuestro interés principal es que las autoridades policiales dejen de cometer actos arbitrarios, dejen de realizar detenciones ilegales y dejen de intimidar a las personas que opinan o expresan sus ideas técnicas con respecto a temas de interés nacional. Zaira Navas, defensora.

Los abogados señalan que la Fiscalía definirá las responsabilidades penales, pero no descartan que puedan recaer en faltas "por omisión" los superiores de la PNC que no emitieron disculpas públicas ni investigaron internamente el procedimiento ilegal contra Mario Gómez.

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