Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, juramenta a cuatro magistrados propietarios luego de destituir a la Sala de lo Constitucional. Fotografía: Asamblea Legislativa.

Política

Demanda de inconstitucionalidad contra elección de Sala: piden recusar a magistrados

Susana Peñate

viernes 21, mayo 2021 • 5:05 pm

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Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada hoy contra la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizada el 1 de mayo en la primera sesión plenaria de la legislatura 2021-2024.

El abogado Herbet Danilo Vega interpuso la demanda, con referencia número 39-2021, específicamente contra el artículo 2 del decreto legislativo número 3, en el cual consta la elección de los abogados Elsy Dueñas Lobo, José Ángel Pérez Chacón, Héctor Nahum Martínez García y Luis Javier Flores Magaña como magistrados de la Sala de lo Constitucional durante el periodo del 1 de mayo de 2021 al 15 de noviembre de 2027.

Vega Cruz invoca artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, para que se tenga por recusados de estudiar la demanda a los magistrados Dueñas Lobo, Pérez Chacón, Martínez García y Flores Magaña, por ser impugnados, justamente, su nombramiento como magistrados de la Sala de lo Constitucional; y que se llame a conocer de la demanda a los magistrados suplentes.

El 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa 2021-2024 destituyó a magistrados propietarios y suplentes la Sala de lo Constitucional y nombró a sus sustitutos.

La Asamblea no nombró magistrados suplentes.

Moralidad y competencia notorias

Considera que hubo una vulneración a los artículos 186 y 187 de la Constitución de la República, que hacen referencia a la potestad y procedimiento de la Asamblea Legislativa de elegir y destituir a los magistrados; y del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), de proponer los candidatos.


Señala que la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad número 94-2014, dictada el 8 de abril de 2015, determinó que, para ser magistrado de la CSJ es condición necesaria, poseer “moralidad y competencia notorias”.

Además, sostiene que “la Asamblea Legislativa está obligada a cerciorarse y documentar el cumplimiento de estas condiciones en los candidatos porque es el órgano que tiene competencia para elegirlos”.

En este aspecto, también participa el CNJ en el proceso de selección de aspirantes, quienes deben cumplir con toda la documentación constitucional requerida.

Al final, remite a la Asamblea un listado de 30 candidaturas, incluyendo las electas por abogados en el libre ejercicio, a través de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes).

En ese sentido, advierte que la elección de los magistrados omitió el estricto cumplimiento de los artículos 186 inciso tercero y 187 de la Constitución de la República, ya que no provienen ni del listado abogados propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura, ni del listado resultante de las elecciones de las asociaciones de abogados de El Salvador, tal y como lo establecen las disposiciones constitucionales arriba relacionadas.

El demandante considera que la elección es arbitraria porque "tampoco no se verificaron los requisitos de moralidad y la capacidad notoria, ni los criterios para elegir candidatos probos y honestos”.

Requisitos

La sentencia de inconstitucionalidad a la que hizo referencia exigió que, dentro de los criterios para establecer la competencia e idoneidad notorias, de los candidatos a magistrados, y que el pleno del CNJ debe evaluar al elegir a los candidatos, son:

a) acreditar al menos diez años de ejercicio profesional en una rama específica del Derecho;

b) haberse dedicado a la docencia en instituciones de educación superior, o a la investigación jurídica, durante al menos cinco años en una rama específica del Derecho;

c) haber escrito, en forma individual, al menos dos obras o efectuado igual número de trabajos de investigación, de reconocida utilidad para la comunidad jurídica;

d) contar con reportes positivos sobre evaluación de desempeño en los cargos que ostenten o hayan ejercido, ya sea en el sistema de administración de justicia o cualquier otro cargo público o privado; y

e) contar con los informes favorables de las instituciones y dependencias correspondientes, relacionados con la conducta profesional y privada de los candidatos, a fin de establecer la moralidad notoria.