Presentados los alegatos a favor y en contra del Estado salvadoreño en el controvertido caso de “Manuela”, la mujer que en 2010 falleció en la cárcel y en cuyo nombre hoy se pronuncian varias agrupaciones feministas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (órgano judicial autónomo de la OEA) deliberará y emitirá un fallo. Aunque existen razonables dudas sobre la jurisdicción de la Corte IDH en casos penales concretos, no cabe duda que el resultado del proceso tiene derivaciones forzadas con el aborto.

Opinión

¿Defensores de Manuela?

Federico Hernández Aguilar / Escritor

lunes 15, marzo 2021 • 12:00 am

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Presentados los alegatos a favor y en contra del Estado salvadoreño en el controvertido caso de “Manuela”, la mujer que en 2010 falleció en la cárcel y en cuyo nombre hoy se pronuncian varias agrupaciones feministas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (órgano judicial autónomo de la OEA) deliberará y emitirá un fallo. Aunque existen razonables dudas sobre la jurisdicción de la Corte IDH en casos penales concretos, no cabe duda que el resultado del proceso tiene derivaciones forzadas con el aborto.

Digo “forzadas” por la sencilla razón que el caso “Manuela” no tiene relación directa con la legislación que protege la vida embrionaria. Como se ha dicho hasta la saciedad, ella fue procesada y condenada por el asesinato de su hijo, en circunstancias que se encuentran fríamente detalladas en el expediente fiscal y en el peritaje forense que le sirve de base.

En un esfuerzo, sin embargo, por entender las razones que motivan a las agrupaciones que demandan al Estado, vale la pena detenerse en uno de los aspectos más controvertidos de su alegato: la existencia de una supuesta cultura de “criminalización de las mujeres” en virtud de, curiosamente, la penalización del aborto.

Para fundamentar su postura, el perito de los demandantes —médico al que respetuosamente invité a un debate en estas páginas de opinión, sin obtener respuesta— bosquejó una gruesa panorámica de la situación explicando que, debido a la legislación pro-vida, las “mujeres pobres” de El Salvador experimentan miedo de acercarse a los hospitales porque saben que pueden ser denunciadas por el personal de salud. Relacionando lo anterior con la regulación del secreto médico, este galeno asegura que los profesionales de la medicina se convierten en “fiscales” que desnaturalizan su función de ser agentes de salud por el temor a ser acusados, ellos también, de participar en un aborto.

Ninguno de estos supuestos, dicho sea de paso, aplica en el caso de “Manuela”. Incluso si un médico (por miedo, supongamos) la hubiese denunciado apriorísticamente de haber abortado, tal cosa se habría demostrado improcedente al cotejar los expedientes fiscales. Lo que debemos examinar, más bien, es si el “temor ante la ley” y este pretendido sistema de “criminalización” en el que vivimos han terminado instalando, efectivamente, una especie de “cultura de la persecución” que victimiza con preferencia a las “mujeres pobres”.

Viendo el panorama así, creo yo, es mucho más fácil cuestionar las artificiosas correlaciones que se establecen en la narrativa pro-aborto. Una de las primeras interrogantes que surge es bastante sencilla: ¿qué nivel de conocimiento de la ley podemos esperar en la población menos educada? Las contundentes respuestas no solo las otorgan amplios estudios que vienen haciéndose desde hace años, sino los resultados electorales más recientes. Establecer, por tanto, que el conocimiento de la penalización del aborto es causal de situaciones tan difíciles como las vividas por “Manuela” es, por lo menos, una temeridad.


Semejante argumento, para colmo, no ayuda a mujeres como “Manuela”, porque las presenta como personas incapaces hasta de reconocer la sintomatología de un parto pero, al mismo tiempo, bastante capaces de anticipar los efectos de nuestro sistema penal. (Esto último es paradójico, porque implicaría que estas mujeres cometen delitos a sabiendas).

Para el siguiente artículo trataré de ahondar en otro señalamiento, igualmente osado, que cataloga al personal sanitario de “fiscalizador” y/o “miedoso”. Afirmar tal cosa es, lo adelanto, un grave atentado contra la deontología médica salvadoreña.