La defensa  negó que el exministro de Salud Pública, Guillermo Maza Brizuela, sea responsable de las supuestas irregularidades, que según Fiscalía General de la República se dieron en la construcción de los hospitales San Pedro en Usulután y Santa Gertrudis, en San Vicente, y que al final, el Estado pagó casi $2.2 millones por sobreprecio.

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Defensa niega que exministro Maza cometió irregularidades en caso Rhessa Alega que el exministro Guillermo Maza es doblemente juzgado, por una causa que ya fue sobreseído definitivamente por el Juzgado Primero de Instrucción, el 24 de abril de 2017.

Jaime López

viernes 21, mayo 2021 • 7:00 am

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La defensa  negó que el exministro de Salud Pública, Guillermo Maza Brizuela, sea responsable de las supuestas irregularidades, que según Fiscalía General de la República se dieron en la construcción de los hospitales San Pedro en Usulután y Santa Gertrudis, en San Vicente, y que al final, el Estado pagó casi $2.2 millones por sobreprecio.

Ayer, correspondió a la defensa iniciar los alegatos finales en el juicio que por 13 días realiza el Tribunal Tercero de Sentencia en el que además del exministro Maza otras 10 personas son procesadas; entre ellas exfuncionarios y empresarios a quienes Fiscalía atribuye delitos como negociaciones ilícitas, estafa agravada y falsedad ideológica.

El primero en participar en los alegatos finales fue el abogado Mario Machado quien defiende al exministro Maza Brizuela, acusado de negociaciones ilícitas en el proyecto Rhessa que tenía como fin la reconstrucción de siete hospitales de la red pública, dañados por los terremotos del 2001, entre ellos, el de Usulután y San Vicente.

Uno de los cargos que Fiscalía le atribuye a Maza Brizuela es que avaló un acuerdo conciliatorio con el que la contratista Copreca (CPK) cobró al Ministerio de Salud $1.7 millones, por sobrecosto en la construcción del hospital de Usulután.

Su abogado aclaró que el exministro Maza no participó en el proceso conciliatorio sino sólo los técnicos del ministerio, de la constructora CPK y del conciliador que ya estaba predefinido en el contrato y con base en ello, pasaron los reportes para que el exministro los avalara, y aclaró el Maza no pagó sino la ministra María Isabel Rodríguez, ya en la administración de Mauricio Funes.

“En el otro caso, en hospital San Vicente, no estaba de acuerdo la parte técnica y no se firmó el acuerdo y se fueron a un arbitraje”, añadió el defensor.


Machado desacreditó la pericia financiera contable, principal prueba con la que Fiscalía intenta demostrar la participación delictiva de los acusados; dijo que “ese documento que han presentado como pericia está evidenciado, claramente, falso”.

“Aquí vino a mentir el perito que vino a defenderlo (la pericia), vino a decir eventos como que nunca había tenido a la vista cierta contabilidad, que nunca la vio, lo vino a decir aquí y en el dictamen puso que tuvo a la vista la contabilidad, vino a decir que tuvo sobreprecios injustificados pero también vino a decir sobre la fórmulas que se ocuparon para que esos sobrecostos se dieran”, detalló Machado.

Agregó que el documento base que se ocupó para establecer un monto “realmente está evidenciado” que carece de toda veracidad. En el caso de exministro de Salud, Fiscalía está incluyendo hechos como “el cambio sitio de la obra” y lo están incorporando como parte de una supuesta negociación ilícita.

 

Otros alegatos de la defensa

Según Fiscalía, el cambio sitio de la obra fue un mecanismo para que materiales, equipos y otros insumos de la construcción no solo podían ingresar al plantel principal donde se erigían los hospitales, sino también en las distintas bodegas de los subcontratistas para ser cobrados por la contratista CPK al Ministerio de Salud, pero en físico no existían en ninguna parte.

“Muy desleal de parte de la representación fiscal cuando ellos mismos, esa información, en este mismo proceso, ya la ocuparon y ellos mismos pidieron un sobreseimiento definitivo, por lo tanto están en un juzgamiento doble de un hecho ya juzgado”, expresó el abogado.

Afirmó que de los 14 testigos que declararon en el juicio, ninguno dijo que le consta de vista y oído ninguno de los hechos, lo que ha quedado evidenciado. “Por lo tanto si lo vemos a la luz de un desarrollo normal de una vista pública de lo que se tiene valorar son elementos probatorios que aquí, desfilan, obviamente, anticipo que esto tiene que ser una absolución cien por ciento”.

“Este expediente viene de un sobreseimiento definitivo y una cámara que sin conocer sus motivaciones por lo cual lo hizo, pero en cuatro renglones la resolución razonada y sobreseimiento definitivo y por esta causa estamos en esta vista pública”, afirmó Machada.

Matizó que Fiscalía está totalmente clara que tiene un caso que está sosteniendo “nada más que por la fuerza del orgullo porque con la fuerza de la prueba lógica y jurídica no tiene caso”.

En el caso, del conciliador Wilfredo Aponte Cuéllar, también acusado de negociaciones ilícitas, la defensa que su cliente no tuvo injerencia en el acuerdo conciliador, es decir no hubo amaño en esa medida, sino que se basaron en la causa de “fuerza mayor” que contemplaba el contrato de construcción, para avalar el incremento de los costos de los hospitales.