Industrias Gumarsal es uno de los bienes incautados. / Archivo

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Defensa de “Chepe Diablo”: proceso de confiscación se debilita Los abogados sostienen que no puede ser que el ordenamiento jurídico para algo sea legal y para otro ilegal.

Jaime López

viernes 28, mayo 2021 • 3:00 am

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El defensor del empresario José Adán Salazar, conocido como “Chepe Diablo” y el exalcalde de Metapán, Juan Umaña, sostiene que la resolución de la Cámara Segunda de lo Penal ha debilitado el principal fundamento que la Fiscalía ha expuesto ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, en su solicitud de despojarlos de 243 bienes.

El proceso de extinción de dominio es independiente al penal; sin embargo, dada la naturaleza de la declaratoria de ilegalidad que ha hecho la Cámara Segunda de lo Penal, “entendemos que debería afectar, porque no puede ser que el ordenamiento jurídico para algo sea legal y para otra ilegal”, dijo ayer Gerardo Cisneros, defensor de Salazar.

“Lo que la Cámara ha dicho que es ilegal toda acción iniciar cualquier acción judicial, sin antes haber agotado la vía de Hacienda cuando se trata de impuestos y eso se llame proceso penal, proceso civil, proceso administrativo o proceso de extinción de dominio”, afirmó Cisneros.

De ahí que el Tribunal Segundo de Sentencia ha resuelto que se les devuelvan aquellas garantían patrimoniales que habían dejado: “los embargos, las fianzas se deben devolver de inmediato”, sostuvo Cisneros, quien dijo estar a la expectativa que resuelve sobre este caso, el Juzgado de Extinción de Dominio.

Desde el 4 de abril de 2017, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía con autorización del Juzgado Especializado decretó medidas cautelares, anotaciones preventivas, embargos y administración en los bienes a nombre de los nueve imputados, así como las sociedades Agroindustria Gumarsal S.A de C.V y Hotesa S.A de C.V.

El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio  detalló que el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) administra 62 inmuebles, 14 acciones de sociedades, 12 establecimientos de negocios, 40 marcas y distintivos comerciales y 115 vehículos.

El Ministerio Público pretende que todos esos bienes pasen al Estado ya que representan un incremento patrimonial injustificado, cuyo origen podría ser el lavado de dinero y activos, delito que les atribuyen a los nueve imputados.

Los bienes empezaron a ser administrados por el Conab desde el 3 de abril de 2017, cuando la fiscalía los incatuó.