La defensa pide anular el proceso en los alegatos finales del juicio.

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Defensa de "Chepe Diablo" pide anular juicio por prescripción y doble persecución Según Fiscalía, los abogados dejaron pasar las etapas en las que pudieron plantear esa petición.

Jaime López /Leonardo Cerón

miércoles 10, febrero 2021 • 4:45 am

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Los abogados del empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo” solicitaron ayer al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que declare nulo todo el proceso judicial en contra de él y su grupo familiar por prescripción de la acción penal y por doble juzgamiento.

En la etapa de los alegatos finales, el abogado José David Morales afirmó que en 2014 su cliente José Adán Salazar fue procesado por evasión fiscal en el Juzgado Décimo Cuarto de Paz, pero luego de pagar lo adeudado a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, el juez le decretó “excusa absolutoria” y el tema llegó hasta ahí.

Tres años después, en abril de 2017 afirmó Morales, que la Fiscalía General de la República desempolva el tema y la emprende contra la familia Salazar Umaña por el delito de lavado de dinero y activos tomando la evasión fiscal, delito precedente para cometer ese ilícito.

Para Morales hay suficiente jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y de la Cámara Segunda de los Penal que dejan claro que “no se puede juzgar doblemente a una persona o grupo familiar por los mismos hechos, aunque se modifique la tipificación del delito”.

Por otro lado, el abogado Morales fundamentó que sus clientes no pueden ser juzgados por la prescripción del delito en el Código Procesal Penal derogado que establece diez años como máximo para ejercer la acusación penal y el Ministerio Público acusó a la familia Salazar Umaña en 2017, añadió que los delitos habrían ocurrido entre el 2003 y 2017.

“Ya prescribió la acción penal de los años 2003 al 2008, años en los que la fiscalía pudo entablar la acusación, es decir esos años deben eliminarse de la acusación, así mismo, el 2011 y 2012 ya que se alega la doble persecución y lo cual es prohibido por la ley y la Constitución, porque son los mismo hechos y causa, solo que hoy le han modificado la calificación de evasión de impuestos a lavado de dinero”. José David Morales, defensor de "Chepe Diablo".


Añadió que el caso quedaría “fraccionado” porque se procesaría contra los Salazar Umaña solo por hechos supuestamente cometidos en el lapso de 2009 y de 2013 a 2017. La pericia abarca hechos desde 2003.

El abogado Morales también apeló a los inconvenientes que la familia Salazar Umaña tuvo para ponerse al día en el pago de los impuestos, puesto que en 2013 fueron sustraídas las computadoras  y toda la documentación financiera contable, necesaria para realizar la declaración de la renta y del pago de otros impuestos.

La Fiscalía

En tanto, Fiscalía sostiene que tanto la prescripción como el doble juzgamiento, la defensa lo debió haber hecho saber en su momento a través de los recursos que le franquea la Ley. “Esos incidentes los debió haber planteado en la audiencia preliminar o al inicio de la vista pública”, detalló uno de los fiscales.

Lo que notamos que ante la falta de argumentos y pruebas de descargo han dado esos argumentos que ya no es la etapa para poderlos establecer”. Fiscalía.

Fiscalía afirmó que cuando se les procesó por evasión fiscal no hubo sentencia judicial sino que adoptaron un beneficio de Hacienda en el que el infractor se compromete a devolver lo que no ha declarado, Hacienda lo toma como una conciliación pero eso no se entiende como una resolución judicial.

Respecto a la prescripción de la acción penal, Fiscalía lo que ha alegado es la continuación de la conducta desde la fecha que se investiga  hasta la actualidad y no corresponde en materia procesal penal verificar que ya se culminó el plazo de investigación”. Fiscalía.

Sobre la queja de la defensa que Fiscalía secuestró la documentación a los imputados y los inmovilizó a reparar cualquier daño tributario o que los abogados no pudieron prepararse mejor para la defensa, el fiscal afirmó que “la defensa tiene el deber y una obligación constitucional de participación activa y de proponer diligencias que favorezcan los intereses de sus defendidos y lo que se ha detectado es una actitud pasiva, al grado que no cuentan con la ubicación de la prueba que puede servir para sus alegatos”.